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Los empresarios dedicados a la exploración minera comentan que esta actividad empieza a ser un buen negocio y que incluso podría convertirse en el primer rubro de exportación de Panamá; pero ¿cuál es el beneficio que esto genera para las empobrecidas comunidades indígenas?
Todo parece indicar que ninguno. En las zonas premontañosas y montañosas de la provincia de Bocas del Toro; en la parte central de Veraguas, y en los distritos de San Félix, San Lorenzo, Remedios y Tolé en Chiriquí, el nivel de vida de los indígenas no ha cambiado. Al contrario, mientras los millones van y vienen, ellos son más pobres.
Los indígenas ''condenan'' la minería porque consideran que esto traerá efectos negativos a la naturaleza, como en efecto sucedió en varias ocasiones con la Mina Santa Rosa, la cual está ubicada en el distrito de Cañaza, provincia de Veraguas, donde hubo derrame de cianuro y contaminó las quebradas.
Una Concesión Más
Tanto las autoridades como los empresarios han señalado que en Panamá hay áreas que tienen un ''evidente potencial minero'' y que debería ser más competitiva a nivel internacional.
Esta actividad, incentivada por el Código de Recursos Minerales, da beneficios y una considerable cantidad de dinero a los empresarios. Sin embargo, cuando ocurren desastres ecológicos, las sanciones por los daños que ocasiona son mínimas en comparación con el dinero que esto genera.
En una oportunidad se dijo que las minas invierten individualmente cerca de 20 millones de dólares, ''lo que representa un gran impacto económico para las regiones donde están ubicadas''. No obstante, sólo se necesita ir a las comunidades indígenas para darse cuenta de que los beneficios sociales y económicos no son evidentes.
Al parecer, los gobiernos no toman en consideración esta realidad, y otorgan las concesiones sin ningún tipo de restricciones. El pasado 31 de diciembre de 1998, mediante la Resolución Nº 98-149, el director general de recursos minerales, Jaime Pashales; el jefe del departamento de minas y canteras, Jorge Luis Agrego, y el ministro de Comercio e Industrias, Raúl Hernández, le dieron el visto bueno a la empresa Changuinola Peat S.A.
De acuerdo con las disposiciones del Código de Recursos Minerales, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) le otorgó a esta empresa los derechos para la exploración de minerales no metálicos (carbón y otros) en cinco zonas de 17.374,29 hectáreas, ubicadas en el corregimiento de Chiriquí Grande en la provincia de Bocas del Toro.
La Reacción
La concesión que se le ha otorgado a esta empresa no le sorprende para nada al presidente del Congreso Ngobe Buglé, Eusebio Billbord. ''Porque hemos visto que en los últimos cinco años, el Gobierno ha dado concesiones, en detrimento de los derechos que tienen nuestros pueblos sobre los recursos naturales''.
''Ellos dieron su autorización sin consultar a la dirigencia indígena. Pareciera que el único interés es beneficiar a un grupo económico nacional o internacional. Esto es una clara violación a los derechos que tienen nuestros pueblos'', señala Billbord.
Para Billbord, las autoridades deben desarrollar políticas de beneficio social cónsonas con la realidad indígena y ''no tratar de vendernos la idea de que la industria minera trae beneficio para las comunidades, porque en ninguna parte del mundo han sacado de la miseria a los indígenas''.
Por su parte, el dirigente Lorenzo Montero comentó que los ngobe están conscientes del daño que esta actividad trae a la comunidad. ''Se habla de inversiones por el orden de 1.8 millones de dólares, pero este dinero no se invierte en nuestros pueblos, sino en otros distritos''.
¿Qué Ha Sucedido?
Durante varios años los ngobe solicitaron la delimitación de su comarca y la eliminación de las concesiones mineras, pero la falta de atención por parte de los diferentes gobiernos desencadenó en protestas y enfrentamientos entre indígenas y policías.
La historia registra que, en mayo de 1993, estos indígenas convocaron a un paro, y en fuertes enfrentamientos la policía ultimó al ngobe Saturnino Aguirre. El 11 de abril de 1995, la policía los reprimió con gases lacrimógenos y perdigones en una manifestación que hicieron en Cerro Pelado, muy cerca de las minas. Y en octubre de 1995, en otro enfrentamiento, dos indígenas fueron heridos.
También, como medida de protesta por la falta de atención a sus peticiones, ellos en 15 años han realizado cuatro sacrificadas protestas: caminar desde las áreas montañosas de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro hasta la ciudad de Panamá. La última que se recuerda fue la del 12 de octubre de 1996.
La Experiencia
Estudios realizados por ecologistas han demostrado que la remoción de terrenos, producto de las labores mineras, propician erosión bajo condiciones naturales, lo cual puede producir una sobresedimentación y afectar los ríos, manglares y playas. Por consiguiente, daños directos a la flora y fauna costera.
Un ejemplo claro de lo que señalan los ecologistas es lo que ha sucedido desde 1994, cuando se estableció la Mina Santa Rosa en Veraguas. Han ocurrido cinco derrames de cianuro, se han contaminado varias quebradas y han muerto peces. El último derrame que se dio fue el 6 y 7 de junio de 1998.
Sobre este hecho, el subgerente de la Mina Santa Rosa, Fabio Velarde, dijo que los medios de comunicación habían exagerado los informes sobre la supuesta contaminación ambiental. Sin embargo, el MICI, en ese entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), el Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Salud, investigaron a la empresa y la multaron con 400 dólares diarios hasta que terminara la limpieza de la quebrada.
Y el director de INRENARE, entonces, Dimas Arcia, le recordó a los administradores de la mina que esta actividad es considerada como de alto riesgo, por lo que debían reforzar sus medidas de seguridad.
El año pasado, a raíz de este incidente, el defensor del pueblo, Italo Antinori, visitó el distrito de Cañazas y encontró lo siguiente: ''los ríos y quebradas cercanas a la explotación del yacimiento de oro están contaminados, mientras que las paredes de las viviendas están rajadas por el impacto de las detonaciones. Además hay fuertes olores de sustancias tóxicas y cianuradas''.
Con base a estas consideraciones, Antinori solicitó al presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares; al ministro de Comercio e Industria, Raúl Hernández, y a organizaciones ambientalistas, el cierre temporal o definitivo de la Mina Santa Rosa para evitar desastres ecológicos.
También exigió que se iniciara una investigación sobre los efectos contaminantes que ha provocado esta empresa a la población y al ambiente, pero sus peticiones hasta el momento no han sido escuchadas.
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