Minería y Expropiaciones

Por Pastor E. Durán Espino Corresponsal en Panamá pastord@hotmail.com

   Uno de los temores de campesinos e indígenas panameños frente a las concesiones mineras es el problema de las expropiaciones y, por consiguiente, de la pérdida de sus derechos posesorios sobre sus tierras. Y no están equivocados. Los depredadores proyectos mineros -tan contradictoriamente defendidos por el Instituto de Recursos Naturales Renovables- están considerados "de interés público" y así ha sido estipulado en la legislación minera, para justificar las posibles expropiaciones cuando los campesinos e indígenas se nieguen a venderle a las transnacionales sus terrenos.

   Cuando una cosa está considerada "de interés público", priva sobre el "interés particular" o "privado" y la persona que se oponga a vender o entregar su propiedad tiene que ceder ante la ley a las buenas o a las malas. La experiencia que han tenido los campesinos de Tonosí con la mina de Cerro Quema ha sido aleccionadora en este sentido. Cuando la ley estipula el carácter de interés público de la actividad minera, oponerse podría suponer el estar fuera de ley, aunque la declaración de "interés público" de los proyectos mineros impliquen precisamente estar en contra del interés público como lo es el interés de los campesinos e indígenas por sus explotaciones agrícolas y/o ganaderas.

   Esta cuestión ha sido minuciosamente expuesta por el economista y catedrático universitario, William Hughes, en su ensayo titulado: "El impacto económico de la minería". Allí, el profesor Hughes nos dice: "... esta ausencia de criterios que permitan determinar cuándo 'algo' es o no de 'interés público', es lo que hace posible una eventual contradicción de la Ley con el 'interés público'. Es decir, una norma que dice fundamentarse en el 'interés público', puede atentar contra el 'interés público'. Y esto, es inadmisible, tanto material como legalmente." En estas condiciones es una cruel realidad para nuestros campesinos e indígenas que el 7.7% del territorio nacional estén concedido para exploración minera y que casi la mitad de nuestro país (45.5%) se encuentre en concesión o en trámite de concesión. Si una concesión incluye miles de hectáreas de terreno, esto significa que una gran cantidad de familias campesinas e indígenas pueden ser despojadas de sus tierras.

   Y aunque los defensores de la minería dicen que los proyectos mineros evitarán la emigración de campesinos e indígenas hacia las ciudades, a todas luces se ve que esto es una gran mentira. Primero, porque los proyectos mineros atentan contra la productividad de la tierra. Segundo, porque son de corta duración (cuando se agote el mineral las transnacionales se van dejando sólo huecos en un suelo contaminado y en los pulmones de la gente). Tercero, porque los trabajos de las minas son para obreros calificados. Indudablemente, masas de familias campesinas e indígenas emigrarán hacia las ciudades engrosando los anillos de miseria. En su ensayo, el profesor Hughes, al analizar esta real e inhumana posibilidad de que un importante segmento de nuestra población sea despojado de su derecho a la tierra, se pregunta: ".... ¿no se está atentando contra el 'interés público'?"

   Aparte de tomar en cuenta que el 98% de la ganancia bruta de los proyectos mineros se la llevan las transnacionales dejándole al Estado panameño sólo el 2% que no compensa el daño ambiental que causan, debemos poner atención al aspecto del atentado contra el derecho humano de campesinos e indígenas arriba señalado, pues, según el estudio del economista Hughes, las solicitudes en trámite en la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias totalizaban para diciembre de 1996 ¡dos millones setecientas quince mil cuatrocientas dos hectáreas! (2.715.402 has). ¿Quiénes se beneficiarán del despojo de las tierras de nuestros campesinos e indígenas?

   Según Hughes, 11 empresas tienen el 83,7% de la tierra (2.272.248 hectáreas). La empresa Cyprus-Amax y el grupo MINAMERICA, tienen la mayor parte del área solicitada, representando en conjunto 1.685.907 hectáreas, o sea, el 62,1%. Cyprus ha presentado solicitudes por 489.773 hectáreas (18%), y el grupo MINAMERICA por 1.196.134 hectáreas (44,1%). Adicionalmente, otras cuatro empresas tienen el 21,6% del área solicitada, o sea, 586.527 hectáreas. Minnova (Panamá), S.A. (7,1%), Minera Mount Isa Panamá (6,3%); Minerales Kennecott (5,1%); y Minas Santa Rosa, S.A., subsidiaria de Greenstone Resources (3,1%).

   Según el profesor Hughes, Minnova, Inmet y Minera Mount Isa Panamá, son empresas vinculadas al grupo MINAMERICA, alrededor de las concesiones de exploración del área del proyecto de Petaquilla (Costa Abajo de Colón y norte de Coclé).

   De esta radiografía de las empresas mineras que se beneficiarán del despojo de miles de hectáreas de tierras de nuestros campesinos e indígenas, el economista William Hughes, hace la observación en su ensayo de que el grupo panameño MINAMERICA, "el cual es escencialmente un 'vendedor de proyectos', constituye un aspirante a usufructuar las regalías que le permite la legislación minera, a través del acaparamiento de las concesiones".

   En conjunto con un grupo de empresas extranjeras, donde sobresale Cyprus-Amax, acaparan la mayor parte de las concesiones y solicitudes mineras en el país. Entre ellos, " Los panameños Julio Benedetti y José G. Montenegro (hermano del Ministro de Gobierno y Justicia de la República).

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