Recomposición Ambiental en la
"Constitución Nacional" de la Argentina

¿Realidad...
o expresión de deseo?


Por Dr. Luis Castelli



Hace algunos años, no tantos, cualquier ciudadano medio hubiera dudado acerca de la seriedad de contemplar, en nuestra Constitución, una norma que expresamente estableciera la protección del ambiente y la obligación de recomponerlo en caso de producirle daños. Sin embargo, con un público más informado y activo, resultó indispensable su inclusión en el más alto rango normativo.

El eje de los artículos vinculados al tema es el Número 41, que establece:
"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la proteción de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".


En realidad, y con cierta anticipación, las constituciones provinciales se ocuparon del problema e incluyeron en su estructura la proteción ambiental. Así la Constitución de Catamarca (1988), Córdoba (1987), Corrientes (1993), Formosa (1991), Jujuy (1986), La Rioja (1986), Río Negro (1988), Salta (1986), San Juan (1986), San Luis (1987), Santiago del Estero (1986), Tierra del Fuego (1991) y Tucumán (1990), muchas de las cuales contienen preceptos que han sido tomados como base para el citado artículo 41. Sin embargo la Constitución Nacional da un paso más allá, incorporando la obligación de recomponer el daño ambiental a cargo de quién lo ha causado.

Vale recordar que con anterioridad, la contaminación ambiental, asiduamente ignorada por los contaminadores y por las autoridades de aplicación, era sancionada con una multa, sin existir relación alguna entre ésta y la reparación del perjuicio ocasionado. Curiosamente la legislación no contemplaba un aspecto fundamental del daño -su remediación- sino que apenas y a veces se conformaba con aquello de "quién contamina paga", a lo que agregaría yo: ¿...cuando paga?.

El texto del nuevo artículo establece que prioritariamente, cualquier daño al ambiente, crea la necesidad de recomponerlo, lo que implica ajustar nuestra legislación a los parámetros necesarios para la protección ambiental.

En cuanto a la obligación de "recomponer" específicamente, pueden plantearse algunas dudas que será indispensable analizar. En primer lugar, el texto no determina a cargo de quién se encuentra tal obligación, lo cual puede ser fácilmente solucinable en la medida en que resulte identificable quién "descompone el ambiente". En estos casos, la recomposición, lógicamente, estará a su cargo.

Más complejas serán aquellas situaciones, numerosas, en que resultare necesario determinar la participación de varios responsables que han contribuído a la producción de un daño ambiental, ya que la contaminación impacta de modos diferentes, de acuerdo al clima, a la época del año, incluso al horario en que la misma tiene lugar, pudiendo agregarse que ciertos procesos pueden agravarse "naturalmente". Peor aún, lo cual no es menos habitual, serán aquellas situaciones en las cuales no sea posible identificar responsable alguno, en cuyo caso, de acuerdo al mismo texto, que establece que las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, la obligación de recomponer estaría a cargo del Estado.

Evidentemente cuando nuestra Constitución establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, ..." , impone a la Nación el deber jurídico de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento del mismo.

Algunos comentaristas critican la utilización del término "recomponer", calificándolo de inadecuado. En mi criterio, limitarnos a analizar el término en sí, como esencialmente distinto a reparar, restaurar, restituír, etc. resulta una innecesaria tarea que oscurece el ya intrincado camino del derecho ambiental.

La intención del legislador en esta frase implica que si alguien produce un daño al ambiente, lo debe solucionar. Si queremos ser más apegados a la letra de la norma deberemos buscar el significado de la misma en el diccionario de la Real Academia Española que define recomponer como "componer de nuevo, arreglar".

Quizás lo realmente difícil se presenta en la realidad, no en los términos:¿Es posible recomponer un daño ambiental? ¿Hasta qué punto puede "recomponerse"? ¿Se dispone de la tecnología necesaria? ¿Podrán afrontarse los costos de una verdadera y total "recomposición"? ¿Es más importante "recomponer" o mantener una empresa en funcionamiento? ¿En cuánto tiempo deberá "recomponerse"? ¿Quién determinará cuándo el ambiente ha sido "recompuesto" adecuadamente? ¿Podremos dejar alguna parte de la "tarea de recomposición" a cargo de la mismísima Naturaleza? ¿Qué ocurrirá en aquellos casos en que se ocasione el agotamiento de un determinado recurso?

La determinación de un daño ambiental no es tarea sencilla tal como aparenta, mucho menos la estimación económica de su recomposición. Supongamos como ejemplo la deforestación. ¿Cuál es el valor de un bosque que tarda años en volver a crecer, a veces siglos?; ¿cómo se puede recomponer ese daño?. ¿Cuál el valor de las especies que allí habitan, el de su capacidad de absorción de aguas, de generación de oxígeno. Cuál es su valor como reserva genética, como fuente de descubrimientos, como solución a eventuales problemas que afronte la ciencia. ¿Podremos calcular el valor económico de la recomposición en base al precio de su madera en el mercado?

Otro ejemplo. Los ríos poseen una cierta capacidad para diluír algunos elementos contaminantes, la cual no es infinita. Ahora bien, su humana recomposición ¿implica su limpieza total o solamente hasta alcanzar determinado nivel?. ¿Quiere decir conformar al paisajista exigente, poder bañarse y dejarse llevar por la placidez de sus aguas, beber de ellas, o alcanzar una cierta aptitud para un proceso industrial?.

Me pregunto entonces qué ocurrirá con aquellos fenómenos, numerosos, que resulten irreversibles, como las pérdidas en una central nuclear que genera residuos radiactivos cuyas consecuencias perduran por cientos de miles de años, colocándonos en una situación que deja de ser contemplable. Además, la enormidad de los costos de una catástrofre ecológica de tal magnitud nos excede al ser infinito su valor.

Posiblemente la idea de la recomposición supone o parte de un concepto erróneo: la posibilidad de cuantificar y reparar el daño ambiental.

Tal vez la aparición de la protección ambiental en la Constitución y su remediación implica darle al Estado un rol esencial, como la salud, la educación o la defensa nacional, debiendo crear condiciones favorables para que la prevención sea más rentable que la contaminación. Es bien sabido que todo aquello que se grava disminuye, que todo lo que se financia, aumenta.

El Estado debe, entonces, fomentar la actividad preventiva y efectivizar el cumplimiento de las normas ambientales. No hacerlo implica favorecer a los que contaminan e identificar a las industrias contaminantes con las industrias, lo cual es injusto, atento a que muchas de ellas han efectuado enormes inversiones en nuevas tecnologías para disminuír sus emisiones tóxicas, sus residuos, descubriendo nuevas fórmulas para evitar el consumo exagerado de materias primas y optimizando la eficacia en todo el proceso productivo.

Posiblemente la solución definitiva a los problemas de la contaminación ambiental se presente cuando los métodos para reducirla e impedirla causen más beneficios que perjuicios, sea políticamente realizable, y no traiga su puesta en práctica enormes injusticias sociales y económicas. Tal vez debería analizarse cuánto cuesta tomar una medida y los beneficios que ella reporta, sin dejar de considerar que si bien el agua y el aire se nos antojan elementos infinitos, ya no lo son.





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