Como nunca antes en un Informe Anual de AI, las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche en Chile ocupan esta vez un lugar de privilegio. Específicamente en el caso del conflicto mapuche actual, los investigadores de AI se refieren a los constantes enfrentamientos entre carabineros y miembros de las comunidades mapuches que reivindican frente al estado sus territorios usurpados y destacan como ejemplo el caso del joven mapuche Edmundo Alex Lemun, quien fue asesinado por disparos policiales en noviembre del año 2002 al interior de un fundo forestal en la comuna de Ercilla, IX Región.

Señala el informe de AI que si bien sobre este caso se abrió una investigación judicial en la Fiscalía Militar de Angol a fines del año 2002, hasta la fecha esta no ha arrojado ningún tipo de resultado positivo al respecto, a pesar de encontrarse completamente identificada tanto el arma homicida como el oficial de carabineros que efectuó en esa oportunidad los fatales disparos sobre el joven militante mapuche.

Cabe consignar, que una delegación de Amnistía Internacional visitó Chile entre el 24 de marzo y el 6 de abril del presente año para indagar sobre la situación de los derechos humanos en el país, visita que incluyó la situación del Pueblo Mapuche. En dicha ocasión, los delegados de AI, el abogado Michael Reed y Virginia Shoppee, funcionaria del Secretariado Internacional de AI en Londres, junto a integrantes de organismos de derechos humanos en Chile visitaron las ciudades de Santiago, Valparaíso y Temuco, reuniéndose con autoridades chilenas, así como también con organizaciones sociales, dirigentes mapuche, presos políticos de nuestro pueblo e incluso los familiares del joven asesinado Alex Lemún.

De la misma forma, ambos delegados pudieron participar -en su parte inicial- del juicio oral contra los lonkos mapuches Aniceto Norin y Pascual Pichún, ambos acusados por el Gobierno chileno de violar la "Ley Antiterrorista" y que finalmente, tras permanecer más de doce meses en prisión, fueron dejados en libertad sin cargos por la justicia.

Tras conocerse el contenido del Informe, los primeros en pronunciarse en el Wallmapu fueron los dirigentes Aukan Huilcaman, Manuel Santander y Pablo Huenteleo de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, quienes valoraron a través de una declaración pública emitida en la ciudad de Temuko la preocupación internacional existente sobre la situación mapuche.

"Valoramos positivamente y compartimos plenamente el informe del organismo Internacional sobre la situación que afecta a las comunidades mapuche en el sur de Chile. Además el informe viene a corroborar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, que insistentemente hemos presentado", señalan. De la misma forma, ambos dirigentes hicieron un llamado a la clase política nacional, la misma que en las últimas semanas se ha negado terminantemente a legislar en torno al reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche en la Constitución Política del Estado, ha tomar conciencia de la injusticia que cometen al negar a los mapuches derechos que la legislación internacional les reconoce desde hace varios años.

"Este informe constituye un llamado de atención a la clase política chilena e invita al Senado a superar su posición retrograda en el concierto internacional en materia indígena, considerando que es el único Parlamento que no acepta incluir los derechos indígenas internacionalmente reconocidos... Tenemos la firme convicción que en un futuro próximo, el Senado chileno por su posición anti mapuche y por su práctica en abierta contravención al derecho internacional, será cuestionado en su legitimidad y eventualmente sancionado por los organismos de derechos y por el sistema internacional de protección a los derechos humanos", finalizan.

Cabe recordar que ya en su Informe Anual de Derechos Humanos del año 2002, Amnistía Internacional acusa a Carabineros de Chile de someter a manifestantes mapuches a malos tratos y de hacer uso excesivo de la fuerza durante el transcurso del año 2001. En concreto, Amnistía acusaba a la policía de hacer uso excesivo de la fuerza "en actos de protesta convocados por grupos indígenas en las disputas de tierras acaecidas en las regiones del sur del país" y en donde las fuerzas de orden estatales actuaban y actúan aún como verdaderos ejércitos de ocupación al servicio de las empresas forestales e hidroeléctricas transnacionales.

En dicha ocasión, la organización internacional pro derechos humanos mencionaba como ejemplos emblemáticos el caso del joven mapuche Abraham Santi Calbullanca, miembro de la comunidad mapuche Pascual Coña de Lleu-Lleu que fue alcanzado por un bala en un ojo en una manifestación reprimida violentamente por la policía y el de otros cuatro mapuches lafkenches que fueron heridos a bala por miembros de la Policía Civil chilena en un violento operativo desarrollado en la comuna de Tirúa y que hasta la fecha mantiene en la más absoluta impunidad a todos los agentes del Estado involucrados en los hechos.

De la misma forma, AI mencionaba también en dicho Informe su preocupación por el elevado número de mapuches procesados por los tribunales de justicia, la aplicación de leyes altamente restrictivas y de características anti-terroristas por parte del Estado y el juzgamiento "irregular" de civiles mapuches por parte de tribunales militares, todas ellas realidades que en vez de mejorar se han ido paulatinamente agravando al interior del Wallmapu, tal como lo viene a corroborar la publicación de este nuevo y revelador informe del organismo internacional humanitario. @