El presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Wálter Belvisi, se mostró "sorprendido" por la reacción de las organizaciones ambientalistas, pero declinó dar mayores detalles hasta luego que converse con el Presidente de CARU, Roberto García Moritán, tras lo cual dijo "podré brindar detalles de lo actuado, ya como CARU y no solamente como la delegación uruguaya".

Julia Cócaro y Delia Villalba, representantes del movimiento ambientalista MOVITDES, de Fray Bentos -que llegaron a Paysandú para participar del VI Encuentro de la Red de Organizaciones Socio-ambientales de Entre Ríos y Organizaciones Ecologistas de la República Oriental del Uruguay, organizado por el Foro Ecologista de Paraná- criticaron duramente el proyecto de instalación de una planta de celulosa dentro del complejo de M'bopicuá, a pocos kilómetros de la capital del vecino departamento de Río Negro.

"Indudablemente nos preocupa, porque es una industria contaminante", dijeron, al tiempo de indicar que "del mismo modo nos preocupa el manejo de la información que se suministra, porque en realidad se la oculta, se engaña a la gente".

Desde el punto de vista de los ambientalistas, la planta de celulosa "traería un serio problema de contaminación a las aguas del río Uruguay, específicamente en Fray Bentos, cuya toma para potabilizar el agua está a ocho kilómetros aguas abajo de donde se instalará la fábrica. Significa que los COPs (Compuestos Orgánicos Persistentes) estarían en la canilla de nuestros hogares".

Subrayaron que "el proyecto está en manos de un grupo de empresarios que han sido encontrados culpables de delitos ecológicos reiterados en su propio país, España, y esto es así y consta judicialmente, desde que el 5 de noviembre del año pasado culminó un juicio, que se extendió por doce años, contra la empresa ENCE, que en Uruguay tiene los nombres de Eufores y Pléyades, y en el que fue encontrado culpable el consorcio".

"El juicio fue promovido por la Asociación de la Defensa de la Ría de Pontevedra", dijeron, "donde fueron condenados seis de los directivos que estaban en 1985, con seis meses de arresto a rigor y 3.000 euros de multa, mientras que la empresa pagaría 400.000 euros para la limpieza de la Ría".

"Nosotros no queremos lo mismo para nuestro espacio y por eso nos oponemos con todas nuestras fuerzas", concluyeron Cócaro y Villalba. @