El nivel de evolución de una sociedad no se mide por índices o variables económicas, sino en el trato que se brinda a los mayores, resguardo de memoria y sabiduría. Nuestro país parece haber evolucionado poco en este sentido teniendo en cuenta las peripecias que pasan los abuelos que sufren abandono en geriátricos inapropiados, colas interminables para cobrar magras jubilaciones y la falta de atención del sistema de previsión social en general.

Actualmente se considera adultos mayores a las personas que superaron los 60 años. En este marco, Argentina cuenta con una población envejecida, de acuerdo a parámetros mundiales, ya que se compone de más de un 13% de adultos mayores, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ronda el 21%.

El Dr. Eugenio Semino, especialista en la temática gerontológico y desde 1994 Defensor de la Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, considera que "todos vamos siendo viejos para algo en nuestras vidas. Uno puede ser viejo al año y medio para usar chupete, a los 30 para ser jugador de fútbol o a los 35 en el mercado laboral actual. En el año 1900, la expectativa de vida más baja era la de la India, con 22 años, y la más alta, la de Gran Bretaña, que estaba en el orden de los 40-45 años. Latinoamérica rondaba los 30 a 35 años."

Semino expresa que "en un siglo la expectativa de vida se duplicó. Actualmente una persona de 30 o 35 años es tan "vieja" socialmente, como lo era hace un siglo biológicamente. Lo mismo para nuestra abuela, que a los 40 años quizás ya era la nona, siendo que hoy la mujer a esa edad puede estar en la plenitud de la vida."

En tiempos de crisis los más afectados siempre son los niños y ancianos. En Argentina, la reforma del sistema previsional, a mediados de la década del 90', afectó notablemente la atención de los adultos mayores en general. Esto explica el aumento notable de reclamos que vienen de los abuelos.

Dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires funciona el Instituto en Defensa de los Derechos e Intereses de la Tercera Edad, llamada también Defensoría de la Tercera Edad. Esta repartición pública recibe denuncias sobre temas relativos a adultos mayores de 60 años afectados por alguna problemática, como de los organismos y asociaciones que los agrupan, familiares o vecinos de personas mayores, profesionales y trabajadores del área.

La Defensoría recibió de 30 a 40 presentaciones diarias, a mediados del '90, unas 100 promedio en el período de 1999-2000 y 400 a 500 en la actualidad. A partir del reclamo se genera la demanda al organismo correspondiente y si no se obtiene una respuesta queda la instancia judicial, por vía de amparo o de demanda penal. El nivel de resolución general ronda un 70% del total de casos presentados.

A pesar de la crisis, la tase de internación geriátrica en el país es baja y esto tiene que ver con la conformación de la población latina, donde existe la tendencia de contener al adulto mayor en su seno. Las estadísticas hablan de un 1% de internación geriátrica. Esto tiene que ver con particularidades y la idiosincrasia de cada sociedad. En países anglosajones, donde la conformación familiar es distinta, existe una alta tasa de internación geriátrica. Aún en países como Canadá esa tasa supera el 6% o 7%.

El geriátrico se habilita como otro local comercial, siguiendo pautas edilicias. A partir de diciembre existe una Ley en la ciudad de Buenos Aires, de habilitación y control de geriátricos, que todavía no está reglamentada. Pero no hay control efectivo que valga, aún cuando exista una ley con su correspondiente reglamentación, si el Estado no genera las condiciones suficientes como para garantizar la internación. Tanto el PAMI como el gobierno de la ciudad tiene una lista de espera de más de 1 año.

En Buenos Aires existen alrededor de 1000 geriátricos habilitados, conforme a las pautas que marca el Estado, y aproximadamente la mitad de esa cifra clandestinos. Los números aumentan producto de la falta de internación que hace el PAMI, las obras sociales y la imposibilidad de las propias familias de contener al adulto mayor en la casa o de pagar una internación en un buen lugar.

El crecimiento de reclamos en la Defensoría de la Tercera Edad aumentó de modo exponencial. Se reciben alrededor de medio millar por día, según sostiene Eugenio Semino, funcionario que defiende al sector desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con varios factores, el principal: el deplorable estado del PAMI, el primer regulador del sector. De los 4 millones y medio de adultos mayores, prácticamente 3 millones y medio dependen del PAMI. El resto es bastante residual y lo cubren algunas obras sociales y el Ministerio de Desarrollo Social (los no contributivos).

De todo esto se desprende que el PAMI es la gran obra social del adulto mayor en Argentina, ahora fundido y saqueado. Semino sostiene que lo han liquidado por tres vías: "la intermediación, la corrupción sistémica y la explotación política". Todo lo cual generó verdaderas "asociaciones ilícitas" que llevaron al organismo público a una deuda de 1800 millones de pesos: el equivalente a un presupuesto. A esto hay que sumar que no recauda.

De este modo, el PAMI, propiedad de los abuelos que se sacrificaron durante una vida para tener una vejez en paz, es arrebatado por un sector de "vivos". La "viveza criolla" hizo que los recursos que naturalmente debería administrar el PAMI, y que legítimamente corresponden al sector de la Tercera Edad, sean tomados por asalto por funcionarios sin escrúpulos, que no tienen ningún reparo en hacer favores políticos, financiar campañas, subcontratar servicios que le dejan espurias comisiones y otros manejos. @