La mayoría de estas dragas no contaban con ningún tipo de autorización, en muchos casos no contaban incluso ni con el permiso de zarpada que otorga Capitanía de Puertos o de lo contrario la zarpada otorgado para un destino era utilizado para otro distinto al autorizado. Para entonces se realiza el primer muestreo de aguas y se comprueba que los índices de Mercurio se encontraban aún dentro de los parámetros normales. En el año 2001 se intensifica la actividad minera, así como el número de dragas operando bajo la simple modalidad de extracción de material de acarreo únicamente.

Nuevamente se realiza un monitoreo de la calidad de aguas y sedimentos y se determina presencia creciente de niveles de Mercurio Hg. En las aguas y peces en el mes de mayo. En octubre se toma muestras entre aguas, sedimentos, peces y muestras de sangre, cabello y orina de personas de poblaciones aledañas a las dragas, dichos resultados no fueron difundidos por DIGESA, sino hasta junio del año 2002, perjudicando así a los afectados, que a la fecha no reciben ningún tipo de tratamiento.

En el 2002 sólo quedaron operando las dragas con la "documentación en regla", supuestamente, a pesar de las denuncias e informes esclarecedores esta actividad fue respaldada principalmente por la Dirección Regional de Energía y Minas, La Prefectura, Capitanía de Puertos y el CTAR-LORETO (ORMA), finalmente se comprobó que la única empresa con autorización para operar en la extracción de material aurífero en la cuenca del Nanay, la empresa Dinámica Minera y Agroindustrial SA nunca cumplió con la presentación del EIA de la planta de tratamiento en SANTA CLARA DE NANAY según el INFORME Nº 621- 2002- EM- DGM- DFM/MA, del 05 de noviembre del 2002 del Ministerio de Energía y Minas, en donde se concluye que la PLANTA DE PROCESAMIENTO DE SANTA CLARA DE NANAY NO CUENTA CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, por lo tanto NUNCA DEBÍO INICIAR OPERACIONES, lamentablemente eso jamás ocurrió, sino que estuvo operando en la extracción y procesamiento desde el 21 de marzo del año 2002.

Ofrecimientos que en muchos casos sólo fueron ofrecimientos, causando una ruptura en la estructura social interna de cada comunidad, ya que finalmente los beneficiados eran sólo unos pocos, entre ellos principalmente autoridades de la comunidad. La situación de extrema pobreza fue el factor determinante para la permisibilidad de la actividad minera, pero muchas veces la política del terror que imponían los representantes de las empresas mineras, era un eficaz disuasivo que no permitía a la población organizarse con determinación y hacer frente a la situación con más energía, situación que llegó a su fin a inicios de julio del 2002 cuando los pobladores salieron a las calles, hecho que se repetirá las veces que sea necesario.

Hubo escasa participación de otras Instituciones, los resultados de la Dirección general de Salud Ambiental - DIGESA, que determinaron con certeza la gravedad de la actividad de las dragas en el Nanay, llegó luego de 6 meses de retraso a los interesados, lo que retrasó una acción rápida y permitió a las empresas mineras ganar terreno en la legitimación forzada de su actividad que ni con todas las coimas repartidas jamás logrará alcanzar.

Asimismo los pobladores fueron capacitados por el "Proyecto Nanay" y puestos de regreso a sus respectivos lugares de origen, llevando hacia sus poblados lo aprendido, la labor desarrollada en la ciudad fue la de denunciar ante los medios de comunicación la ilegal actividad de las dragas mineras, finalmente IPRODESA propuso a las autoridades de las comunidades indígenas de la cuenca del río Nanay en denunciar ante la Fiscalía Superior de Loreto a las empresas mineras, denuncia que se encuentra en proceso en el Poder Judicial el EXPEDIENTE Nº 2002-02044-0-1903-JR-PE-02, en agravio del Estado y los Pobladores del Nanay.

Este informe, concluyó inculpando a las dragas mineras como única fuente de contaminación con Mercurio en la cuenca del Nanay, asimismo fue difundido a todos los medios de comunicación, publicado en los diarios de circulación local, radial, televisiva y a través de la página Web del Congreso de la República, ONGs Ambientalistas, así como en el portal Ambiente Ecológico WWW en el ámbito mundial, hecho que sin duda tuvo un papel mayoritario en las decisiones que determinaron en la expulsión de dichas dragas de la cuenca del Nanay.

IPRODESA en representación de la Comunidad Nativa de Albarenga y tomando como suya la defensa de los afectados a los pobladores de la cuenca del Nanay en su conjunto solicitó su inclusión ante esta Comisión a la mesa directiva, la misma que en mayoría fue aceptada excepto por los representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas y la Oficina Regional del Ambiente del CTAR-LORETO, quienes pretendieron distraer las investigaciones pidiendo muestreo de otros metales distintos al Mercurio (Hg), siendo la participación de IPRODESA de suma importancia en el aporte de criterios y argumentos que influyeron positivamente en el resultado del informe final de la Comisión, el mismo que se adjunta al presente.

• Se adjunta acta de entrega de Mercurio sustraído de una de las dragas.
• Documentos oficiales referentes a la actividad minera, recibidos por IPRODESA.
• Copia de Documentos Oficiales que acompañan al presente informe, relativos a la actividad minera.

1. Impacto económico.. La actividad minera en la cuenca del río Nanay a la fecha no ha producido un impacto económico importante, la participación en el PBI local es nula, no habiéndose producido mejoras en lo económico, social, infraestructura ni de ningún tipo, podría decirse que es al contrario, es decir, existen daños irreversibles a las personas y los ecosistemas, (Pasivos ambientales).
2. Participación del Estado. La Participación de las entidades gubernamentales ha sido equivocada debido a la política de promover la Minería en la amazonía no reflejan los verdaderos intereses de Loreto, sólo alimenta los apetitos voraces de inversionistas inescrupulosos que distan mucho de los intereses de la población afectada, siendo lo justo un equilibrio de intereses.
3. Corrupción burocrática. En medio de este desorden de normas no estuvo ajeno la complicidad de las instituciones gubernamentales que sospechosamente hicieron caso omiso de las evidencias de irregularidades en la actividad no determinándose responsables a la fecha.
4. Fiscalización minera. A raíz del ingreso de dragas mineras en la cuenca del Nanay, se descuidó el aspecto del seguimiento, monitoreo y fiscalización a la actividad minera y sobre todo el patrullaje de parte de Capitanía de Puertos que carecía criterio para una labor efectiva en fiscalización.
5. Intereses mezquinos. Existe un desbalance entre el interés particular sobre el social, siendo el estado el principal promotor de las inversiones en la Minería, los representantes mineros no tomaron en cuenta el factor social y ecológico. Los impactos en el crecimiento económico son nulos en la cuenca a raíz de la explotación aurífera, a comparación de empresas transnacionales que prevén una visión de desarrollo a Corto, Mediano y Largo Plazo, respetando a las personas y al Ambiente.
6. Manipulación Política. La protesta en contra de la actividad minera no tuvo en ningún momento tinte político, lo que sucedió fueron que algunos candidatos vieron en el tema de la contaminación en el Nanay una opción de manipulación al conjunto de pobladores, otros se solidarizaron con la causa de los pobladores y este acercamiento fue calificado por los defensores de los mineros como una manipulación para desacreditar por todos los medios a la lucha emprendida por los afectados de la contaminación, en este proceso apareció muchos oportunistas así como también personajes del Gobierno en abierto apoyo a las empresas mineras, sin tomar en cuenta el clamor del Pueblo, ¡Qué descaro!!!.

• Evaluar la situación actual de los afectados, con la finalidad de tomar medidas correctivas en forma inmediata, sin egoísmo ni politiquería barata.
• Constituir una Comisión de estudio técnico para determinar las posibles secuelas y un seguimiento al desarrollo de la contaminación en los seres humanos y el Ambiente de manera permanente, hasta su solución definitiva.
• Constituir un Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los afectados frente al Poder judicial.
• Realizar un Plan de Desarrollo de la Cuenca del Nanay conjunto: Pobladores, Instituciones públicas y privadas.
• Participación efectiva del Gobierno Regional como promotor de la inversión privada y cooperación internacional, promoción de proyectos, convenios Municipalidad y Gobierno.
• Solicitar al Congreso de la República la aprobación del PROYECTO DE LEY Nº 4254 "LEY QUE PROHÍBE ACTIVIDADES MINERAS EN RÍOS QUE PROVEEN AGUA PARA CONSUMO HUMANO" @