El pasado 19 de noviembre, el buque petrolero Prestige, con bandera de Bahamas, armador griego y fletador anglo-suizo, se partió literalmente en dos y se hundió a 133 millas de las costas gallegas, con 77.000 toneladas de fuel-oil en sus tanques. En los días siguientes, el buque vertió alrededor de 20.000 toneladas de un combustible pesado conocido como fuel Nº 6, generando una auténtica catástrofe ecológica, económica y social en una región eminentemente dependiente del mar como es Galicia.

Tras tres semanas de marea negra, el vertido afecta ahora a más del 80 por ciento de las costas gallegas: 913 kilómetros de los 1.121 que conforman el litoral gallego se encuentran bajo prohibición de desarrollar las actividades pesqueras que sustentan a las comunidades costeras. La contaminación está afectando también a algunas playas de las regiones de Asturias, Cantabria y el País Vasco, por lo que se las consecuencias del vertido se están extendiendo fuera de la zona de Galicia por el litoral cantábrico español.

Por otro lado, las autoridades españolas reconocían la existencia de nuevas grietas en el petrolero hundido a 3.500 metros en el Atlántico (que aún alberga 50.000 toneladas de fuel en su interior) y nuevas manchas en la superficie marina. El calamitoso estado de los restos del buque permite que se liberen más de cincuenta toneladas de fuel-oil por día. Según informaba esta semana el diario catalán La Vanguardia, "sólo es cuestión de tiempo que el Prestige escupa todo su veneno hacia la superficie y que la nueva marea negra reviente contra las rocas y cubra la arena de las playas".

La prohibición de faenar en el litoral gallego causado por la marea negra mantiene hoy amarrados a más de 6.000 barcos. Más de 16.000 marineros y 5.000 marisqueros están afectados de forma directa por el vertido, sin contar con las numerosas familias que viven de suministrar servicios a los pescadores (tales como las rederas, la mayoría mujeres que confeccionan las redes de forma casera para completar el ingreso familiar), ni a las que se dedican a la comercialización y distribución del pescado.

El vertido está afectando a las comunidades dependientes del mar más humildes de Galicia, incluyendo a la economía sumergida de subsistencia conformada por personas de muy bajos ingresos, que carecen de alternativas a su actividad. La fatalidad ha querido que la catástrofe del Prestige haya coincidido con el comienzo de la temporada de Navidad, época del año en la que especialmente los marisqueros obtienen su mayor ingreso, debido al elevado nivel de consumo de marisco que se produce en España en estas fiestas.

Además de una catástrofe económica y social, la del Prestige es una tragedia ecológica. Los pasados días 4 y 5 de diciembre, se produjo la temida llegada de la marea negra a las islas gallegas atlánticas de Sálvora, Ons y Cíes, que tan sólo recientemente habían sido declaradas Parque Nacional. El 80 por ciento de las costas de la isla de Sálvora, el 70 por cierto de Ons y el 30 por ciento de las Islas Cíes están afectados por el vertido. La marea negra también afecta a otras áreas naturales muy importantes del litoral gallego, algunas declaradas de interés europeo comunitario y otras protegidas por la legislación gallega regional.

Tal y como han manifestado Greenpeace y representantes de las Universidades gallegas en una declaración conjunta, "las características de este fuel-oil en cuestión, muy pesado, de baja solubilidad en agua y escasa evaporación, hacen que sea potencialmente muy persistente en el medio. Entre los compuestos que componen el fuel se encuentran compuestos orgánicos persistentes, de carácter bioacumulativo, que son en muchos casos posibles carcinógenos humanos".

Los expertos añaden que "a tan sólo dos semanas del accidente ya sabemos que probablemente exista una gran cantidad de fuel-oil depositado en algunos de los fondos de la costa gallega. Existe por tanto la posibilidad de que este fuel-oil sedimentado se convierta en una fuente de contaminación continua durante un largo tiempo".

La magnitud de la catástrofe provocada por el ya llamado por algunos "des-Prestige", está teniendo una repercusión sin precedentes en la opinión pública y en la sociedad española en su conjunto. El desastre está creando serios problemas de credibilidad al gobierno de José María Aznar. Se achaca a las autoridades la falta de acciones suficientes para remediar la situación, y la falta de apoyo a las decenas de miles de voluntarios que trabajan desesperadamente para tratar de limpiar las playas, así como a los marineros que salen a la mar para intentar frenar la marea negra con medios caseros, antes de que llegue a sus costas.

Los partidos del Gobierno y oposición se han enzarzado en una lucha política en torno al desastre del Prestige que la sociedad contempla con bastante indiferencia respecto de los argumentos de unos y otros. Por el contrario, la opinión pública centra toda su atención en el drama humano y ecológico que sufre Galicia y que ha generado un auténtico movimiento solidario en toda España con respecto a esta región.

Más de 3.000 voluntarios de todo el país se han desplazado en tan solo un fin de semana a Galicia para colaborar en las tareas de limpieza de las costas. Sin embargo, solamente en los últimos días el Gobierno ha movilizado a las fuerzas del Ejército para que participen de forma sistemática en las labores de limpieza.

Los ecosistemas costeros gallegos han sufrido cinco grandes accidentes petroleros en los últimos treinta años. Grupos ecologistas y comunidades locales denuncian que los medios para enfrentar este tipo de accidentes siguen siendo los mismos que hace 10 años, cuando el petrolero Mar Egeo encalló en las costas de la ciudad gallega de La Coruña, provocando otro desastre ecológico de gran magnitud.

La tremenda repercusión pública del caso Prestige ha puesto de manifiesto la falta de voluntad política de la Unión Europea para tomar medidas efectivas y urgentes contra este tipo de accidentes, y está provocando una gran presión en las autoridades para aprobar de una vez normas que eviten otro desastre en el futuro.

De hecho, hace tan sólo tres años, un accidente similar, provocado por el buque Erika, estremeció a las costas francesas y generó el desarrollo de las disposiciones comunitarias europeas Erika 1 y Erika 2, que obligan a la utilización de doble casco a los buques que transporten determinados tipos de crudo, y prohíbe la navegación de buques petroleros de más de 15 años. Asimismo, la normativa establece obligaciones de inspección y control en los puertos comunitarios.

Aunque estas normas habían sido aprobadas con anterioridad al naufragio del Prestige, se había diferido su entrada en vigor hasta junio del 2003 y febrero del 2004, debido a la presión de algunos países como el Reino Unido, Holanda y Grecia. Los dos primeros países son líderes mundiales en el mercado de intermediarios en el transporte de crudo (de hecho el Prestige se dirigía a Gibraltar), mientras que Grecia tiene motivos para oponerse a la medida debido al gran número de armadores griegos que poseen buques petroleros con banderas de conveniencia, como es el caso del Prestige.

El viernes pasado, el Consejo de Ministros de Transportes de la UE puso en marcha el procedimiento para la entrada en vigor, a partir de enero del 2003, de algunas de estas normas contra los "barcos basura". Por otro lado, la prohibición a los buques monocasco y de más de 15 años, se aplicaría a más tardar en julio del 2003. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para evitar otro eventual desastre. Por ejemplo, Greenpeace considera prioritario asegurar la responsabilidad ilimitada para la industria petrolera, tal como sucede en los Estados Unidos (a raíz del accidente del Exxon Valdez).

En palabras de Greenpeace, "actualmente en Europa la responsabilidad de las compañías propietarias de la carga está limitada y supone que finalmente todos los ciudadanos deben pagar los daños provocados por una industria que opera minimizando costes y en condiciones de seguridad insuficientes". Por otro lado, para evitar que historias como ésta vuelvan a repetirse, resulta imprescindible la creación de una red de puertos seguros, la declaración de Áreas Marinas Especialmente Sensibles o el control público de las sociedades de clasificación.

La tragedia del Prestige pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas contra los buques piratas que utilizando banderas de conveniencia y empresas fantasma, burlan las normas internacionales para obtener enormes beneficios, provocando la destrucción de los ecosistemas marinos mediante la depredación sistemática de los mismos (en el caso de la pesca ilegal), o provocando vertidos como el tristemente protagonizado por el Prestige.

Los beneficiarios son unos pocos individuos sin escrúpulos. Las víctimas son, por desgracia, siempre las mismas: El océano, y las comunidades de seres humanos que viven de él. @