"La verdad a medias suele ser más peligrosa que la mentira. La metodología comúnmente empleada contra la núcleo electricidad suele incluir información de hechos impactantes de nuestra realidad, que no tienen nada que ver con la actividad nuclear pero que maliciosamente se atribuyen a ésta", escribió el Ing. Carlos Rey en una página de Internet, dedicada a difusión, por parte de la CNEA, titulada: "La energía nuclear es cara, sucia y peligrosa".

Me complace coincidir con el servicio de difusión de la Comisión: La verdad a medias suele ser más peligrosa que la mentira.

A propósito, el tema que nos reúne es analizar la iniciativa de introducir residuos radiactivos a Argentina, más exactamente a Ezeiza, en la Provincia de Buenos Aires, a 20 Kilómetros de la Capital Federal, a partir del negocio de la venta de un reactor nuclear a Australia por parte de la empresa INVAP.

El INVAP suscribió un contrato con cláusulas secretas, de provisión de un reactor nuclear a Australia, cuyos detalles igualmente trascendieron. Ese contrato está públicamente cuestionado porque compromete a Argentina a reprocesar y acondicionar el combustible gastado del reactor que es el residuo del proceso, en territorio Argentino y la Constitución Nacional establece explícitamente la prohibición de importación de residuos peligrosos y radiactivos.

El reprocesamiento consiste en seccionar y disolver por medios químicos el combustible gastado, que es en sí un residuo de alto nivel de actividad, para extraer plutonio y parte del uranio. Alto nivel de actividad significa en la práctica la capacidad de emitir radiaciones ionizantes que tienen la capacidad de alterar la estructura de los átomos de las células. Las células afectadas, según qué tejido u órgano sea afectado pueden generar leucemia, cáncer o provocar malformaciones congénitas, por ejemplo.

Algunos elementos presentes en el combustible gastado pueden permanecer radiactivos por varias decenas de miles de años.

Acondicionar significa la ruptura de los combustibles y su inmovilización en matrices vítreas o de cemento según su naturaleza.

Nuestros residuos nucleares de alta actividad permanecen en piletas, en las centrales donde se generaron, ya que en Argentina hoy no está la infraestructura, ni la decisión política de su reprocesamiento. En Ezeiza, sólo los de baja actividad se acondicionan y almacenan, decisión que debería ser permanentemente revisada, pero que no es el tema que nos convoca ahora.

Es importante destacar que no existe la planta de reprocesamiento de esos residuos, que no se conocen los estudios ambientales ni las razones generales de índole estratégica, ambiental y técnico económica que aconsejan la instalación en EZEIZA de una instalación de esa naturaleza, tampoco se conocen los análisis independientes, de riesgo, de la iniciativa.

Importar residuos radiactivos está prohibido por la Constitución Nacional. Las verdades a medias comienzan entonces a pronunciarse. Resulta que los residuos, para los promotores del proyecto, cambian de nombre, a pesar de la existencia de documentación previa de la propia CNEA con inequívocas definiciones. La discusión semántica se desarrolla acerca de la denominación de residuo o de desecho, dando lugar a interpretaciones del la ley diciendo hasta cosas que la ley no dice.

Se argumenta que quienes están en contra del proyecto están en contra del desarrollo de la tecnología en Argentina; pero lo que se discute aquí es precisamente el tema puntual de decidir si Argentina quiere tomar el rol de tratadora (¿depósito?) de la basura nuclear de los países que no quieren esos riesgos en su territorio.

Se recuerda que ya hubo una iniciativa denominada Kilovatio limpio, que consistía en vender reactores (CAREM) a otros países, venderles además el combustible, reimportar los residuos y armar el repositorio (basurero nuclear) en Argentina, lo que significaba un marketing atractivo dado el riesgo de los residuos y la incertidumbre a nivel internacional acerca de una solución técnica, social y económicamente razonable y confiable.

INVAP hacía el negocio y el costo y el riesgo eran asumidos por la sociedad. Tal vez (y esto es sólo una conjetura dada la secuencia histórica), esta iniciativa motivó a algunos constituyentes a introducir la prohibición de importación de residuos radiactivos y según publicaciones de la época: "Los legisladores impidieron un gran negocio..."

Actualmente se argumenta que Argentina abriría un nuevo negocio, que desarrollaría recursos humanos, lo que es verdad a medias. La otra mitad responde a la pregunta de a quiénes beneficia a "el negocio" y a cuántos puede perjudicar. El desarrollo de recursos humanos y de tecnología sin directiva política son más peligrosos que su ausencia, que por sí es muy peligrosa y nadie desearía concientemente para su país.

La tecnología debe responder a la política y obedecer a los intereses permanentes de la Nación y no subordinarlos a intereses sectoriales o de elites. Es importante el aporte de la CNEA al desarrollo tecnológico, es importante su creación y su existencia pero debe subordinarse a la Constitución Nacional y a los destinos de una Nación que pretende para sí ser otra cosa que un basurero de los países centrales.

Se argumenta que nosotros somos radiactivos y que por ejemplo dormir con otro significa mayor radiactividad que dormir solo. Más allá de chistosas consideraciones que pudieran surgir al respecto, en especial para ridiculizar a quienes plantean la discusión de los efectos de la radiactividad sobre la salud y la vida misma, hay evidencias de los riesgos que las instalaciones de reprocesamiento generan y a las pruebas nos remitimos, que de todos modos son parciales, porque al respecto es importante acotar que así como la CNEA se controló a sí misma (¿) muchos años, la actividad nuclear no suele ser muy franca ni abierta con el reporte de sus accidentes ni de sus incidentes.

Así por ejemplo, en 1997 y nuevamente en 1999 ocurrieron dos accidentes nucleares graves en la planta de reprocesamiento de TOKAIMURA, situada a 140 Km NE de Tokio. El primero de ellos fue avisado 8 horas después de ocurrido y son muchas las dudas acerca de la confiabilidad de la información entregada por los directivos de la planta a las autoridades, la noticia del segundo tardó dos horas en llegar a la población afectada.

Se argumenta que la actividad nuclear es menos riesgosa que cruzar una calle en una ciudad importante, se dice, otra vez, una verdad a medias. Un informe de la Universidad de Granada (Prevención radiológica, Nº0, año 1999) señala que para dosis agudas (que no son la radiación producida, por ejemplo por un vaso de whisky ni por dormir en compañía...) como las generadas en accidentes nucleares, "hay evidencia de riesgo de cáncer", " la sensibilidad de órganos y tejidos para desarrollar cánceres autoinducidos presenta un amplio abanico"," los cánceres sólidos radio inducidos tienen, generalmente, períodos de latencia superiores a los diez años" y "aunque existen mecanismos de reparación celular, también se presentan reparaciones incorrectas y daño residual del ADN".

El mismo artículo señala que existen incógnitas por resolver entre las cuales menciona: "La curva de la relación dosis efecto, a bajas dosis y tasas de dosis, aún permanecen discutidas en el mundo científico".

Tal vez sea interesante dar un vistazo a los criterios que sostienen quienes apoyan... por diferentes razones... la iniciativa en cuestión.

El Ing. Rey de la CNEA, refiriéndose a los costos de generación de electricidad a partir de energía nuclear, escribe en la página oficial de la Comisión: "Cuando uno quiere hacer un análisis correcto -qué es caro y qué es barato- se debe especificar bajo qué parámetros trabaja. Es necesario -dice- contemplar los costos totales de generación (amortización de la inversión + combustible + costos operativos)".

La verdad es a medias, pero revela toda una filosofía de producción, que lamentablemente no es monopolio de la CNEA sino de la ausencia en los procesos productivos y en los de servicios de criterios de calidad total. No hay en su ecuación criterios ambientales. Se externalizan costos y riesgos, los que la sociedad está consuetudinariamente sometida a pagar.

¿En qué parte de su ecuación está el costo del tratamiento seguro, la disposición final y el monitoreo de las instalaciones de disposición final de los residuos de los procesos? ¿Quién pagará? Tampoco se ve en el escrito ningún pagaré firmado para las futuras generaciones, sólo la constitución de un pasivo ambiental de tal magnitud, que aún hoy es difícil darle términos exclusivamente monetarios.

La conclusión del Ing. Cruz, a pesar de todo, hasta podría ser compartida: Parece que de una verdad a medias, saca, de todos modos, una conclusión válida respecto de la generación eléctrica de origen nuclear:

" ... Es una opción más, conveniente o no de acuerdo a las condiciones de cada país y a su momento histórico, pero a continuación nos hace llegar a una conclusión poco feliz para quienes apoyan la iniciativa que hoy nos convoca:

" ... Seríamos muy tontos -dice- si nos negamos la posibilidad de usarla, sin efectuar un análisis completo de costos y beneficios". Lo que nos motiva a estudiar si en el caso de la introducción de residuos radiactivos provenientes de terceros países, se hizo un análisis completo, de costos y beneficios.

Adentrándonos más en los interrogantes y los criterios existentes, cabe preguntarse si el análisis completo tiene las variables necesarias y suficientes en las ecuaciones que se manejan: El costo del traslado de los residuos de Australia a Argentina, el costo del reprocesamiento de los combustibles gastados, el costo del acondicionamiento de los residuos, el costo del reenvío a Australia, en el mejor de los casos, así como el beneficio económico del "servicio", costo de los estudios ambientales de radicación de una planta de este tipo en EZEIZA, y si se incluyeron en la ecuación otros factores que hacen a una decisión correcta, tales como el riesgo.

Riesgo de accidentes o incidentes en el cabo de Hornos, en el mar argentino, en Bahía Blanca ciudad y la zona industrial y con otros factores de riesgo tales como el polo petroquímico y la ría de Bahía Blanca, la alternativa del riesgo inherente al ingreso por el Puerto de Buenos Aires, con la laxedad histórica de sus controles y sistemas de seguridad, el riesgo de atravesar la zona más densamente poblada del país: El área metropolitana, el trayecto por la autopista Ricchieri hacia el aeropuerto internacional, la ubicación de una planta de reprocesamiento en una zona de por sí ambientalmente crítica, como que el recurso de agua subterránea es difícilmente sustituible para la población NBI de La Matanza y distritos circundantes.

También asalta la duda de si se consideró que el reactor nuclear que se pretende reemplazar en Australia fue objeto de un intento de atentado terrorista, si se tuvo en cuenta que el plutonio es muy apreciado como material para fines bélicos y que el terrorismo es una amenaza tangible no sólo para países "periféricos" como se considera al nuestro últimamente, sino para países centrales, como el mismo Estados Unidos.

También sería importante debatir, previo a cualquier decisión, cómo se van a repartir, los beneficios, los riesgos y los costos. Es importante extraer concusiones de cuál parte de los beneficios le corresponden a la sociedad, cuál la de los riesgos y cuál la de los costos en términos de salud, vida, integridad, económicos, de pérdida de beneficios... Es importante ver la justicia o injusticia, por lo tanto la conveniencia o inconveniencia de las decisiones en cuestión.

Los residuos son residuos y aunque se pretenda cambiarles el nombre esto no modifica sus características físico químicas es decir su alto nivel de radiactividad y por lo tanto su toxicidad radiológica para los seres vivos ni modifica la vida media de sus componentes que supera en casos los 100.000 años.

La importación de residuos radiactivos está expresamente prohibida por la Constitución Nacional. Deberían investigarse las responsabilidades en cuanto a la firma del Convenio con INVAP, las del ex Canciller Rodríguez Giavarini y la de las autoridades nucleares de Argentina en cuanto, por lo menos, al cumplimiento de los deberes de funcionario público y el tipo de asociaciones que la iniciativa demandó.

No existe actualmente en el país una planta del tipo de la comprometida para la prestación del servicio ofrecido a países del extranjero, nuestros propios residuos aún no se tratan de la manera propuesta para los de Australia y de prosperar la iniciativa conduciría a nuevas importaciones ya que en el mundo existe una fuerte demanda de sitios donde disponer residuos radiactivos, ya que ningún país asumió aún los riesgos de construir un basurero nuclear.

Existen plantas de reprocesamiento en Rusia y Japón, no son repositorios, pero además como ya se adelantó, hay reportes de graves accidentes en ellas. En cuanto a las plantas de Cogema en Francia y Dounreay y Sellafield en UK son motivo de reclamos de cierre por parte de otros países de la comunidad europea. Es irrazonable la ubicación de una planta de este tipo en la zona más ambientalmente crítica del país, ni siquiera para nuestros propios residuos, para los cuales se deberá estudiar el proceso y la ubicación de menor riesgo posible.

Se trata de una instalación peligrosa, un proceso peligroso, un transporte peligroso y del peligro adicional dada la importancia bélica de uno de los productos: El plutonio.

Se dice, en la página Internet de CNEA: "Muchos hablan de los residuos radiactivos, pero es difícil encontrar a alguien que los haya visto, o tenga idea de cómo son. Esto alimenta gran parte de las fantasías y temores".

Esta apreciación coincide con la del Diputado Nacional Duhaldista de La Matanza en el Congreso del Ambiente de Junio de 2002, y de quienes a falta de análisis completo de costos, beneficios y riesgos para la sociedad, pretenden desde un supuesto atalaya intelectual, instruir a la gente acerca de un juicio de valor (el suyo) en cuanto a la percepción del riesgo. Y nos preguntamos, por qué la percepción de riesgo del Diputado o del técnico es más valiosa para la toma de decisiones que las percepciones de quienes sufrirían las consecuencias de una decisión errónea.

Si no se informara a medias a la población, si no hubiera pruebas de que esas verdades a medias eran simples mentiras, en todos los campos, desde la política, y la economía hasta la técnica, la convergencia sería un poco mayor en los análisis de riesgos de los unos y de los otros y las decisiones serían más acertadas para el cumplimiento de la prescripción constitucional "proveer al bienestar general", y ejercer el "derecho a un ambiente sano y equilibrado..."

Sin dudas: Una verdad a medias es más peligrosa que la mentira. @