En Ecuador, desde la década de los setentas empezó a emitirse la legislación ambiental nacional, luego, en los ochentas, empezaron a hacerlo los municipios, los primeros en hacerlo fueron los de Quito, Guayaquil y Cuenca. La legislación estipula que el sector público y privado deben cumplir con normas ambientales mínimas para obtener el permiso de construcción, de funcionamiento y no ser sancionados.

Actualmente, los municipios están emitiendo normas ambientales dirigidas al sector industrial, aún más exigentes que la legislación nacional e incluso internacional, lo cual es legal, pues en las leyes se estipula que la legislación ambiental de los municipios y consejos provinciales puede ser más exigente que la nacional, pero en ningún caso más permisiva.

Es legal lo anteriormente indicado pero, ¿es ético?, ¿es legítimo?, ¿es ético que los municipios y consejos provinciales exijan que los industriales cumplan con normas ambientales aún más exigentes que legislaciones internacionales, cuando, por ejemplo, en los mataderos (camales) que son administrados por los municipios, se emite una espantosa contaminación y no se realiza ningún tratamiento?. En la gran mayoría de las ciudades ecuatorianas no se realiza el tratamiento de efluentes líquidos sanitarios, por lo que los municipios no están cumpliendo con su parte de la ley.

La legislación y protección ambiental, deben sumar normas, actitudes y acciones que permitan que todos: Sector público y privado, mejoren progresiva y globalmente su desempeño ambiental y no como actualmente sucede: Los municipios sancionan a los industriales por delitos que ellos también están cometiendo y con mayores agravantes.

En Ecuador no abundan los recursos económicos, ni en el sector público ni en el privado, por lo que es difícil invertir en soluciones ambientales y resolver el problema de la noche a la mañana, como por arte de magia. Siempre he pensado que la descontaminación debe enfocarse como un proceso que se ajusta en el espacio y en el tiempo y en cual, todos, absolutamente todos, debemos asumir nuestra responsabilidad.

Los industriales ecuatorianos están organizados para exigir a los organismos de control ambiental, entre otras cosas, las siguientes:

• Universalidad de aplicación: La Gestión Ambiental es deber de todos; por esta razón el carácter de la norma es universal, es decir que sus criterios, obligaciones, penalidades e incentivos deben ser igualmente aplicados a todas las actividades públicas y privadas que generen impacto ambiental. Además los reglamentos deben ser un instrumento único que considere todos los aspectos referentes a agua, aire, residuos, ruidos y sólidos.
• Gradualidad de aplicación: Las actividades industriales existentes deben contar con plazos adecuados de cumplimiento, no inferior a cinco años, a excepción de casos críticos de contaminación que deben ser subsanados de inmediato.

El presente no es un alegato a favor de los industriales, conozco a empresarios que, sin que nadie les exija, están descontaminado sus efluentes, a éstos puedo contarlos con los dedos de las manos y también conozco a industriales que les importa tres pepinos la vida y seguridad de sus trabajadores, peor el ambiente.

Ante esta situación lo que se debe hacer es emitir legislaciones adaptadas a cada país, provincia ó cantón, hacerlo en consenso con la sociedad civil, establecer plazos adecuados para el cumplimiento y finalmente, todos, absolutamente todos, someternos estrictamente a la legislación: Sector público, sector privado, profesionales, artesanos, comerciantes, estudiantes, ama de casa, etc.

Cuando entendamos que para exigir, primero debemos exigirnos nosotros mismos, habremos dado un paso importante en la descontaminación ambiental, por que no existirán privilegiados ni perjudicados, sino que el imperio de la ley se impondrá por sobre todas las cosas, sea quien fuere el infractor. @