Una crisis pesquera sin precedentes amenaza con terminar la población de sábalos y pone en riesgo uno de los más valiosos sistemas ícticos del planeta.

Un grupo de grandes empresas pesqueras argentinas y de países limítrofes -como Brasil y Paraguay-, se llevan diariamente de la costa santafesina unos 30 mil ejemplares de Sábalo, recogidos en los ríos y arroyos pertenecientes al sistema del río Paraná.

Este negocio que, se estima, mueve alrededor de 50 mil dólares por día sólo en la costa de Santa Fe, es el causante de una crisis pesquera sin precedentes en el segundo río más importante de Sudamérica, después del Amazonas. Esto se explica porque esta práctica depredatoria recae sobre el Sábalo, base de la pirámide alimentaria de las 20 principales especies de valor comercial del Paraná.

Las redes gigantescas que "cuelan" los surcos de agua de nuestra región, están destruyendo el recurso natural sobre el que se asienta una de las escasas posibilidades de crecimiento con que cuenta el litoral: El turismo de las riberas.

Un informe especial de El Litoral, echa luz sobre esta depredación que genera millonarias ganancias para unas pocas personas, en detrimento de la subsistencia de las comunidades costeras.

Una crisis pesquera sin precedentes amenaza con terminar la población de sábalos y pone en riesgo su recurso íctico. Redes gigantescas recorren indiscriminadamente nuestros cursos de agua. Y destruyen el recurso pesca, sobre el que se asienta una de las pocas alternativas de crecimiento de las comunidades costeras: El turismo.

Quien viva o haya visitado alguna comunidad de la costa en los últimos tiempos, seguramente habrá escuchado de boca de los lugareños una frase tan gráfica como alarmante: "Están colando el río". Esas pocas palabras no hacen más que denunciar una práctica depredatoria que se está extendiendo en los ríos y arroyos del litoral argentino, y que tiene como principal destinatario al Sábalo, el popular habitante de las aguas del Paraná.

Un pequeño grupo de grandes empresas que industrializan y comercializan especies de agua dulce, llega diariamente a nuestras riberas en portentosos camiones frigoríficos, para llevarse hasta 30 mil sábalos por jornada. La mayoría de las veces, burlando la ley provincial 4.830, que regula la caza y pesca en territorio santafesino.

La pesca comercial, indiscriminada e ilegal, priva al Paraná de unas 60 mil toneladas anuales de peces. El mayor porcentaje de extracción recae sobre esta especie de gran valor ecológico, que es el sustento alimentario del sistema íctico del segundo río de Sudamérica, después del Amazonas.

Esta progresión extractiva, que es el origen de un negocio que mueve alrededor de 50 mil dólares por día, ha derivado en una crisis pesquera sin precedentes en el litoral argentino, y anticipa la desaparición del Sábalo a corto plazo.

"Acá existe una depredación a gran escala, agravada en los últimos 5 años", afirma el presidente de la Fundación Proteger y miembro del Foro Global 500 de las Naciones Unidas, Jorge Cappato.

"Un estudio que hicimos en San Javier con investigadores del Conicet demuestra que el recurso pesca ha caído, en los últimos 20 años, el 50 % de los valores mínimos históricos de los ochenta. O sea, hoy pescar surubíes de 60, 70 o más kilos, como los que se pescaban en el Paraná, parece ciencia-ficción. Y, en cambio, se están sacando surubíes de 10 ó 15 kilos", apunta.

Para llevarse pescados llegan a las costas de Santa Fe empresas de Villa Constitución, en el sur provincial; Victoria y Diamante, en Entre Ríos; Luján, provincia de Buenos Aires, y últimamente se han detectado camiones de gran porte provenientes de Brasil y Paraguay. Se valen de la necesidad y el conocimiento de pescadores artesanales y de gigantescas mallas fuera de medida, para recoger los frutos del río y distribuirlos en el mercado interno o para exportación. A este último concepto se destinan alrededor de 30 mil toneladas anuales, enviadas a Brasil, Bolivia, Colombia y África, vía Nigeria.

"Con esta presión extractiva, el Sábalo se terminará mucho antes de lo que se cree -vaticina Cappato-, lo que provocará algo muy grave: La destrucción del recurso pesca. Porque nosotros no estamos en desacuerdo con que se pesque; al contrario, queremos que se siga pescando; por eso se trata de usar el recurso en forma sustentable, de manera inteligente y a largo plazo, porque aunque después los peces se recuperen -cosa que es muy improbable-, lo que no se va a recuperar son las comunidades costeras.

"En Argentina la crisis de pesca más importante fue el colapso de la Merluza, que dejó un tendal de empresas quebradas y desocupados. Esa economía todavía no se ha recuperado. En el Paraná es aún más grave, porque de seguir así va a desaparecer el Sábalo, y caerá toda la pirámide alimentaria, es decir, desaparecerían también las grandes especies".

Las consecuencias que la caída del recurso pesca generaría en las comunidades ribereñas son claras para todos. Tanto para Cappato desde una ONG, como para el presidente de la Sociedad Rural de San Javier, Hugo Pfaffen, y para el secretario del Ambiente de la provincia, Aníbal Vázquez, el impacto de la crisis pesquera será irremediable.

"En las comunidades costeras, mucha gente tiene sólo dos opciones: O come pescado o come basura cirujeando en las ciudades. No parece haber un punto intermedio. Entonces, si el recurso cae, vamos a tener 300 mil o 500 mil personas que se sumarán a los refugiados ambientales que ya están en la periferia de Santa Fe, Rosario, Reconquista, que son los emigrados del mal manejo del algodón o del mal manejo del suelo que agrava las inundaciones. El peor error que podemos cometer es no preocuparnos por sostener a la población en las comunidades ribereñas", afirma Cappato.

"La renta del negocio pesquero se distribuye en otros puntos de la cadena de comercialización, por cuanto las familias que viven de la pesca cada día deben capturar más para tratar de sobrevivir. Entonces, cuando la captura se empieza a hacer cada vez más difícil, se producen fenómenos de exclusión importantes -considera el secretario del Ambiente. Pasarán a engrosar la población con necesidades básicas insatisfechas, y así se origina un fenómeno de ruptura social por el uso no sustentable de un recurso", manifiesta Vázquez.

"Si vamos a lo que esto produce o deja comercialmente para algunos que están explotando el Sábalo, seguramente están creando algunos puestos de trabajo y están dejando algo en la zona; pero lo que hay que medir es la consecuencia de eso en el tiempo. Es decir, van a trabajar un año o dos años más y no va a haber más nada. En vez de hacerle un bien a la economía de la costa están produciendo un daño tremendo", sintetiza Hugo Pfaffen.

Para el dirigente ruralista de San Javier, "una de las pocas alternativas de crecimiento que tiene la costa santafesina es el turismo, y es la manera más rápida de dinamizar la economía.

Pero todo eso no será posible si no tenemos el recurso natural".

"La costa tiene bellezas naturales que son únicas, pero si no controlamos la pesca, el desarrollo del turismo va a caer. Todos los que están haciendo inversiones en cabañas, bungalows o servicios de lancha, hoy ven muy deprimida la actividad, precisamente por la depredación de sábalos. Vemos que se está resintiendo el desarrollo de la pesca, que es sumamente importante para la costa.

"Si nosotros medimos qué deja el turismo en la localidad, veremos que es muy superior a lo que puede dejar la actividad depredatoria, que además es ilícita. Tenemos el recurso, hay que explotarlo en forma racional, porque también será beneficioso para los pescadores artesanales; no hay nadie que conozca el río como ellos y el desarrollo turístico los incluye, porque por ejemplo podrán convertirse en guías de pesca", argumenta Pfaffen.

"Lo que tiene que entender la parte política en esto es que debemos cuidar el recurso, porque hay proyectos para el desarrollo turístico, hay inversores pero nadie se anima a hacer cosas, porque si nos quedamos sin el recurso natural no tiene ningún sentido apostar al turismo", insiste Hugo Pfaffen.

Para Cappato, se necesitan urgentes "decisiones al nivel de la dirigencia, porque la voluntad política no se manifiesta más allá de las declaraciones. Y esto se arregla con inspectores probos, que ejerzan a conciencia su función, con funcionarios que tengan voluntad política y que sean conscientes de la importancia del recurso. En el ámbito provincial, hay conciencia de la drástica caída del recurso pesca, pero no hay un acompañamiento de decisiones políticas que tengan la fuerza y la continuidad necesaria. Esto significa recursos económicos, técnicos y organizativos destinados a producir un cambio en la situación. No un control esporádico, no algunas acciones cada tanto, sino continuidad y profundidad en la aplicación del control para el cumplimiento real de la ley".

Negocio: La práctica depredatoria genera millonarias ganancias para pocos, en detrimento de la subsistencia de las comunidades ribereñas.

¿De quién es la responsabilidad de impedir que sigan depredando su población íctica? Los pobladores de la costa afirman que los controles no se hacen debidamente. Denuncian que circulan cargamentos enteros no declarados. La actividad se ejerce ilegalmente.

La depredación que está devastando el recurso íctico del Paraná se inicia en las riberas de Santa Fe y Entre Ríos, y continúa en las rutas, por donde circulan los transportes frigoríficos que llevan cargamentos de sábalos y otras especies.

"Las empresas que están terminando con nuestros peces llegan a la costa, ponen pescadores y usan redes no autorizadas. Hay algunos que tiran más de mil metros de malla y utilizan unas brasileñas que son mucho más chicas, lo que hace que saquen pescados fuera de medida. Además del Sábalo, llevan surubicitos amarillos, todo lo que levantan", cuenta Hugo Pfaffen, presidente de la Sociedad Rural de San Javier, quien ha manifestado una profunda preocupación por defender el recurso pesca.

Pfaffen afirma que en la costa santafesina "no hay inspecciones suficientes. El puerto de fiscalización que existe en San Javier no funciona. En actas que ha labrado la Guardia Rural Los Pumas que está trabajando en serio y le está dando un tremendo apoyo a estos reclamos se encuentra que hay muchos camiones que fueron fiscalizados sin ser abiertos. Autorizan sin saber qué ni cuánto llevan adentro, les basta con lo que dice el camionero; se le da la vía de tránsito y el camión sale. Y esto también ocurre en Saladero Cabal, en Mascías, en Helvecia, en Santa Rosa, en Cayastá, en Rincón, en la Vuelta del Pirata; es decir, es un ir y venir incesante de gran cantidad de camiones", asegura.

"El control, en el mejor de los casos, no supera el 10 % de la cantidad de movimiento que realmente se produce", considera el presidente de la Fundación Proteger, Jorge Cappato.

"Entonces, las leyes están, pero no se ponen en vigencia -subraya Hugo Pfaffen. No estamos en contra de la pesca; al contrario, se tiene que pescar. La pesca es un recurso natural, pero es una actividad que hay que reglamentar. Tiene que ser sustentable, tenemos que disponer de ese recurso a lo largo del tiempo, no lo terminemos en un año o dos y después no nos queda nada".

Las más perjudicadas con el exterminio de la población íctica son las comunidades costeras, que viven de lo que pescan. "Los pescadores artesanales, la gente que está todos los días pescando, que pone su espinelcito y que forma parte del paisaje, ve resentida su economía, porque el recurso natural se acaba. No encuentran más el Sábalo, el Surubí, el Dorado; están desapareciendo las especies", ratifica Pfaffen. "Así, familias que toda su vida trabajaron de eso, que viven de la pesca, algunos hicieron estudiar sus hijos, hoy se encuentran con que este tipo de comercio ilegal que los está marginando, los está dejando sin su forma de subsistencia", insiste el dirigente ruralista.

Hoy, las empresas que llevan pescado de nuestras costas le pagan a los pescadores entre 18 y 20 centavos por cada Sábalo de medida reglamentaria. La norma vigente impone un mínimo de 40 centímetros, pero la mayoría de las cargas tienen grandes porcentajes de peces hasta de 20 centímetros.

"Acá hay una enorme cantidad de dinero que posibilita esta gigantesca operación comercial, pero no es una buena operación económica, porque un buen enfoque de desarrollo económico y social haría que todos puedan ganar con este recurso: Empresas pescando indefinidamente, y también las comunidades regionales", opina Cappato.

En su decisión de reclamar por medidas que preserven el recurso pesca, Hugo Pfaffen y representantes de otras entidades intermedias de San Javier, impusieron de lo que sucede al entonces ministro de la Producción de la provincia, Miguel Paulón, "pero después se fue a la Nación y no alcanzó a hacer cosas -aclaró. También en reiteradas oportunidades le pedimos a la gente del Ambiente que por favor vinieran a ver y constatar lo que está pasando".

Para el titular de la ONG Proteger, "hacen falta mejoras legislativas muy importantes; hace falta armonizar la legislación de todas las provincias del litoral y con los países limítrofes; hace falta la incorporación de Santa Fe definitivamente al convenio con las provincias del noreste argentino y Paraguay; hace falta revisar y mejorar el sistema de multas que hoy son irrisorias, sobre todo para el control del sistema de acopio y transferencia hacia las grandes empresas. Es una legislación vetusta", define.

El organismo encargado de ejercer los controles y de hacer cumplir la ley provincial 4.830, que regula la actividad pesquera, es la Secretaría del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia. Su titular, Aníbal Vázquez, afirma que si bien se dispone de los recursos necesarios y se efectúan inspecciones junto con la Guardia Rural Los Pumas en toda la provincia, éstas son insuficientes, "porque necesariamente tienen que ir acompañadas por actitudes de la comunidad. Si los pescadores comerciales o los acopiadores buscan en forma deliberada transgredir la norma, estamos frente a un problema serio", opina.

"Acá se está pescando con una falta absoluta de responsabilidad. Hay empresas o acopiadores que están a punto de perder su licencia de trabajo por transgredir reiteradamente la ley -advirtió Vázquez-. Por ejemplo, no es lo mismo capturar un camión con equis cantidad de pescado fuera de medida, que encontrar uno que no haya declarado la carga. Esas son conductas deliberadamente ilegales. Cuando no se declara la carga, no se respeta la veda o los tamaños mínimos; cuando de parte de los sectores involucrados no hay una conducta de cumplir con la ley, no hay estructura de control que resista".

La Secretaría dispone de puertos de fiscalización en las zonas de pesca, donde las empresas deben declarar la carga y pagar una tasa por volumen transportado ($ 0,05 cada dos piezas) y ahí se le extiende un certificado para transitar libremente. "Muchas veces ocurre que acopiadores obvian los puertos de fiscalización, y cuando estamos haciendo controles rutinarios en rutas nos encontramos con camiones enteros con pescado sin declarar -reconoce Vázquez-.

En ese caso, se secuestra la carga, se siguen los trámites administrativos, con una multa en pesos que varía según la especie (el año pasado se labraron 580 actas). Por ejemplo, un cargamento de 2.000 ó 2.500 piezas, sin declaración, son 6.000 pesos. En caso de reincidencia, ese monto se duplica y si vuelve a reincidir se le suspende la licencia". La autorización para pesca deportiva tiene un costo de 16 pesos, 50 pesos la de pesca comercial y para pesca artesanal es sin costo.

Al ser consultado sobre otras herramientas que impidan la actividad depredatoria en los ríos y arroyos de la provincia, Vázquez informó que desde el año pasado, la Secretaría junto a su par de Entre Ríos, trabaja en un proyecto para regular la captura de sábalos. La idea es imponer un cupo, que aún resta definir, al igual que los métodos para ejercer el control de su cumplimiento.

Según el secretario del Ambiente, esta reglamentación estaría en condiciones de ser aplicada antes de fin de este año. "Estamos trabajando en la definición de ese cupo, de un número que haga sustentable esa actividad, pero que también permita su puesta en marcha, porque tener normas de difícil cumplimiento no sirve", argumenta.

Algunas de las principales empresas que acopian, transportan y comercializan desde la costa santafesina son:

• Liberius SA, de Luján, Buenos Aires, multada en reiteradas ocasiones. El año pasado, en un solo procedimiento, se le incautaron 7 mil sábalos (8.500 kilos), por tener ejemplares fuera de medida y por haber declarado la mitad de lo que transportaba. Este año, en dos procedimientos realizados en febrero en San José del Rincón, se comisaron a dos de sus camiones 13.000 sábalos y se le labraron actas de infracción por acopio sin guía de transporte y por tener ejemplares de medida inferior a la reglamentaria.
• El Timón, de Villa Constitución. En un solo operativo del año pasado se le capturaron más de 20 mil toneladas de pescado.
• Frigorífico Transa, de Diamante, uno de los principales exportadores.
• Daleva, de Arroyo Leyes, multada tiempo atrás.
• Ictícola Coronda SA. El pasado 14 del corriente se le decomisaron 2.600 sábalos, 400 fuera de medida.
• San Gabriel, de San Miguel de Tucumán.
• Frigorífico Epuyén, de Victoria, Entre Ríos, exporta a Brasil, Colombia, Nigeria y Sudáfrica.
• Curimba SA, también de Victoria, Entre Ríos.

El Sábalo es hoy servido como un manjar en mesas de Brasil, Bolivia, Colombia y Nigeria. Y hasta se presume que es degustado por el paladar de los jeques árabes.

• Este pez hiliófago (porque come fango) es la base de la cadena alimentaria de las 20 principales especies de valor comercial que existen entre las 220 especies ícticas del Paraná, entre ellas el Dorado, la Raya, el Suburí, el Patí, la Boga y el Manguruyú). Sus larvas y huevos les sirven de alimento, por lo que del Sábalo depende su subsistencia.
• Representa un eslabón clave en esa cadena, dado que recicla la materia orgánica que -incorporada al fango- se torna inaccesible para otras especies.
• Esta pirámide íctica construida sobre una especie es uno de los pocos fenómenos conocidos entre los ríos del mundo.
• Señalado -y muchas veces despreciado- como el pescado de los pobres, el Sábalo es, sin embargo, el rey de los peces desde el punto de vista ecológico.
• Tiene una capacidad reproductiva de entre 300.000 y 400.000 ejemplares al año por hembra.
• Cerca de 60 mil toneladas anuales de peces se están extrayendo del río Paraná. Durante el 2001, Santa Fe exportó alrededor de 12.200 toneladas, del total de 24 mil que se capturaron en la provincia.
• El 65 % de las exportaciones se realizan desde Entre Ríos. Algunos datos consignan que cada 3 meses se envían al exterior 7 mil toneladas de peces, mientras que otras fuentes evalúan unas 12 mil toneladas anuales, de una captura total de 30 mil toneladas.
• En la costa santafesina se presume una extracción de entre 20 y 30 mil sábalos por día. De este número se congelan en frigoríficos de la zona unos 8.000, que son trasladados en camiones para exportación.
• Esto significa, según estudios científicos, que se estaría extrayendo entre el doble y el triple de lo que el sistema puede permitir para que el recurso se conserve a perpetuidad.
• La Dirección de Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGyP) informó que en 1999 se vendieron al exterior 17.588 toneladas de pescado argentino, contra las 13.180 del año anterior.
• El Sábalo es demandado por los sectores más humildes de la población por su precio reducido. Pero, además, es explotado industrialmente para la exportación, o para obtener harina y aceite de pescado.
• Durante los meses de estiaje, las grandes empresas pesqueras se favorecen, puesto que los sábalos se "encajonan" y las redes salen desbordantes de ejemplares.
• Colombia es uno de los últimos países que se sumó a la demanda de Sábalo Argentino, luego de la desaparición de su "bocachico", una especie similar. Desde que a fines del 2000 las grandes pescaderías colombianas descubrieron el negocio de la importación, hoy es el primero en ventas en las mesas callejeras de los principales mercados de Bogotá y Cartagena. En una semana de diciembre pasado, una sola pescadería vendió 14 toneladas. Los puestos más pequeños venden unos 50 sábalos por día, de entre 2 y 3 kilos de peso.

Hace algunos días, un pescador de San Javier hizo llegar a una radio de esa ciudad una nota de puño y letra donde plantea su preocupación sobre el tema y pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto. En sus partes principales dice: "Trato de avisarle lo que está pasando con respecto al Sábalo, que más o menos de septiembre está en postura. En Colonia Mascías están sacando hasta seis mil sábalos por semana. Están llevando cada vez más equipos. Usted puede ver los miles y miles de pescados que sacan. Yo le pido a las autoridades que hagan algo inmediatamente, porque así vamos a quedar sin Sábalo. Va a pasar lo mismo que pasa con otros pescados. Yo hago este aviso a las autoridades de Fauna, porque soy el presidente de todos los pescadores, por eso me corresponde (avisar sobre) la mala explotación que están haciendo con respecto al Sábalo. Les pido que hagan algo inmediatamente. Atentamente. Paulino Mendoza. DNI 6.334.268".

En consonancia con la decisión de otros distritos de la costa, la Municipalidad de San Javier había solicitado en 1997 a la entonces Subsecretaría del Ambiente y Ecología de la provincia que "proceda a ordenar la pesca" en esa jurisdicción, prohibiendo la actividad con fines comerciales.

En esa ocasión consideraba que "hasta tanto se realicen los estudios correspondientes para determinar el impacto que produce en el mencionado ecosistema la pesca comercial -y tendiendo a eliminar los conflictos actuales y los que puedan suceder en el futuro-, contribuyendo al mismo tiempo a asegurar el desarrollo sustentable de la actividad sin poner en riesgo la renovación de las poblaciones ícticas y la calidad del ecosistema, es necesario poner en funcionamiento medidas de carácter preventivo".

En respuesta a ese pedido, el entonces subsecretario, Ricardo Marengo, dictó la resolución 0012, del 5 de agosto, donde resuelve "declarar zona sujeta a ordenamiento regulador de la actividad pesquera a los ambientes acuáticos interiores de San Javier, en la zona comprendida entre la tierra firme del distrito y la margen derecha del cauce principal del río Paraná. Prohibir en forma provisoria y sujeta a estudios la pesca comercial en la zona, exceptuando a los pescadores artesanales locales, que se encuentren inscriptos en los registros que a tal efecto deberá llevar la Municipalidad y que estén debidamente autorizados por la subsecretaría".

Esta normativa sirvió de base para que la Municipalidad de San Javier dictara, el 14 de marzo de 2001, la ordenanza N° 06, donde además reglamenta la actividad de los pescadores artesanales, le impone un máximo de 30 kilos de pescado por día y crea un registro para quienes tienen a la pesca como su único modo de subsistencia.

Sin embargo, según el presidente de la Sociedad Rural de San Javier, Hugo Pfaffen, en esa ciudad "las normas existen, pero no se pusieron en vigencia. Por pedido de las entidades intermedias y de la comunidad en general, el municipio no autorizó el funcionamiento de la Cámara de Pescadores, que había sido gestionado por una de las grandes empresas que llegan a la zona a buscar pescado. Pero esta gente dejó pasar un tiempo y ahora viene igual, con camiones, a llevarse toneladas de Sábalo".

El dirigente ruralista, que también tiene en marcha un ambicioso proyecto turístico en Colonia Teresa, llamado Guaraní I, no tiene dudas de que el turismo es la posibilidad más inmediata que tiene San Javier para superar su crisis. "De 25 mil hectáreas de arroz que teníamos hace 2 años, hoy tenemos 5 mil hectáreas sembradas y ha quedado muchísima gente sin trabajo. Con respecto al algodón, desde Santa Rosa de Calchines hasta Alejandra existían 418 productores y no quedó ninguno".

"Perdimos la economía algodonera que generaba un recurso importantísimo y en la que trabajaba toda la familia. Las otras actividades del campo también están resentidas, cada día hay menos mano de obra, cada día hay más desocupados. Entonces. ¿Por qué vamos a depredar el único recurso que nos queda?".

"Los pueblos que han establecido vedas de pesca se dieron cuenta de que cuidando ese recurso tienen una importante afluencia de gente, pero en San Javier cada vez hay menos. El intendente José Baucero ha prometido que se van a poner las cosas en orden, porque están empezando a ver que vamos a destruir la economía, y en vez de generar recursos en San Javier vamos a generar pobreza".

Las comunas de las poblaciones ribereñas que bordean la ruta provincial N° 1 han tomado distintas posturas sobre esta problemática. Dos de las comunidades que más preocupación han demostrado en preservar su recurso pesquero han sido Alejandra y Saladero Cabal, cuyas autoridades han recurrido a los estamentos provinciales para regular -y en algunos casos prohibir- la actividad con finalidad comercial.

Ya en el año 1995, la Comuna de Alejandra consiguió que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia prohibiera la pesca comercial "en los ríos y arroyos interiores del distrito", y a la vez ordenara la regulación de la pesca deportiva "con proyección turística, ya que esta actividad constituye una importante fuente de ingresos para la población de Alejandra".

Una medida similar tomó recientemente el presidente comunal de Saladero Cabal, José Luis Genero, quien pidió a la Secretaría del Ambiente que someta a su distrito a una regulación pesquera y autorice únicamente la pesca deportiva y artesanal.

Diferente actitud ha tomado, por ejemplo, el presidente comunal de Cayastá, Oscar Iomi, quien ha infringido en reiteradas ocasiones la ley 4.830 y debió afrontar multas impuestas por la Secretaría del Ambiente. @

FUENTES: Fundación Proteger, Sociedad Rural de San Javier, Diario La Nación, Diario El Tiempo de Bogotá, Secretaría del Ambiente de la Provincia y SAGyP.