La Autoridad de la Región Interocéanica (ARI), institución panameña creada para administrar las tierras revertidas a la jurisdicción panameña en virtud del Tratado del Canal de Panamá de 1977 y sus Acuerdos Conexos, le concedió a Ecoforest Panamá, S.A., unas 7.000 hectáreas por un período largo de años, incluso, prorrogable, para un proyecto de reforestación con árboles de Teca en la Cuenca Occidental del Canal, que abarca las comunidades de Lagartera Grande, Represa, Las Pavas, Cerro Cama y Santa Clara.

Hay sospechas de contaminación ambiental a causa del proyecto, porque supuestamente, después de haber empezado a ejecutarse hace algunos años, se han dado algunos síntomas de malestar en las comunidades, tales como: Diarreas, fiebres, etc., por lo cual muchas personas han tenido que acudir a los centros de salud. Se ha confirmado que de 80 personas, 37 confrontan problemas gastro-intestinales y otra serie de síntomas.

A raíz de esta situación un tanto preocupante, se comenzó a tratar de dar con la posible causa y ha venido a salir a flote que la empresa reforestadora utiliza químicos diversos que podrían estar contaminando el ambiente, probablemente, el agua o el aire de la región. Por tal motivo, se inició una investigación en la cual ha estado involucrado el personal religioso de la Parroquia de El Espino de La Chorrera, que atiende a esas comunidades.

Se han tomado muestras de agua de diversas fuentes y del lago Gatún, las cuales han sido llevadas para su análisis científico al Instituto Especializado de Análisis de Aguas de la Universidad de Panamá (UP). Esta institución dictaminó que el agua analizada "no contiene" los químicos que supuestamente podrían encontrarse en las muestras que serían los que estarían provocando los malestares gastro-intestinales arriba anotados. Sin embargo, los mencionados análisis sí indican que las aguas están contaminadas con bacterias que producen amebiasis y otros problemas colaterales.

Lo que sí es cierto es que uno de los químicos que utiliza la empresa Ecoforest Panamá, S.A., es el herbicida conocido como "Rando Max", cuyo nombre comercial es: "Roundup Max 68 SG". Este herbicida está restringido en EE.UU., debido a que sus metabolitos son cancerígenos, según la lista de productos agroquímicos registrados en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) al 1 de julio del presente año del 2001.

Es conocido el caso de una experta ambientalista que en Colombia ha presentado una demanda contra el Gobierno de EE.UU. por la utilización del "Rando Max" en el proceso de fumigación de las plantaciones de Coca, ya que este es un herbicida que destruye no solamente la planta de Coca, sino que también devasta los otros tipos de vegetación y causa efectos negativos en la salud de los seres humanos.

En Ecuador y Brasil también están confrontando este tipo de problemas por la utilización de este agroquímico y está también en proceso de levantar una demanda contra el Gobierno de EE.UU. que impulsa, a través de la extensión del denominado "Plan Colombia", la llamada "Iniciativa Andina", en la supuesta lucha contra el narcotráfico que muchos cuestionan y afirman que se trata más bien de una lucha política contrainsurgente más que contra las drogas.

Según el Instituto Especializado de Análisis de la UP, las aguas analizadas no contenían "Rando Max". Sin embargo, de fuentes extraoficiales se ha sabido que el mencionado Instituto "no tiene" la tecnología adecuada para realizar este tipo de pruebas, para comprobar la existencia de sustancias químicas como el herbicida mencionado. Ahora, no sólo el agua puede ser portadora de contaminación de este agroquímico, sino también el aire, ya que la sustancia anotada se fumiga.

Esto nos hace recordar cuando el Frente Nacional de Lucha Contra la Minería investigaba una serie de sintomatología que presentaban niños estudiantes del Primer Ciclo de Cañazas, en la provincia panameña de Veraguas, y que se sospechaba que era producto de sustancias tóxicas provenientes de la mina Santa Rosa, ya que detrás del mencionado centro educativo había un vertedero de esas sustancias y las canchas de lixiviación quedaban a sólo 300 metros.

La sintomatología era de vómitos, mareos, dolores de cabeza en horas de la mañana, etc. Incluso, se detectaron casos de leucemia o cáncer en la sangre, probablemente, causado por la presencia de plomo y/u otras sustancias venenosas que proliferan en las minas de oro y plata que salen a flote del fondo de la tierra.

En el caso de Cañazas hubo que hacer mucha presión y denuncias públicas, para lograr que las autoridades de Salud del área accedieran a tomar las pruebas de sangre a los niños afectados, para realizar los exámenes de laboratorio. Lamentablemente, en una primera ocasión en que se tomaron las muestras de sangre, los recipientes se le cayeron a la persona que los transportaba, perdiéndose las muestras.

Como se siguió insistiendo en realizar estos exámenes, en una segunda ocasión, se volvieron a tomar las muestras de sangre a los estudiantes, e inexplicablemente, los recipientes con las muestras desaparecieron. Nadie supo dónde fueron a parar. Y en una tercera ocasión en que sí llegaron al laboratorio las muestras, las autoridades de Salud no dieron fe de cuáles eran los niveles de contaminación de la sangre de los niños internos del Primer Ciclo, sino que simplemente, se informó que no había presencia excesiva de Mercurio en la sangre, es decir, no dijeron qué otros contaminantes se habían encontrado.

En el caso del proyecto de reforestación en la cuenda occidental del Canal, la Regional de Salud debe asumir de manera imparcial esta investigación y no quedarse solamente con el análisis realizado por la UP, sino ahondar en ello, porque de por medio está la salud, o sea, la vida de la población.

No se puede concluir que un problema como el que se está dando es sólo consecuencia de malas aguas o de falta de higiene. Se debe realizar una investigación exhaustiva sin temer afectar los intereses de personas naturales o jurídicas. @