Quiero expresarles mi preocupación por la significativa baja del presupuesto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Es la primer consecuencia de la equivocada delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo de la Ciudad, efectuada por la Legislatura. Con el argumento de la emergencia económica, la mencionada delegación de funciones rompió el equilibrio de poderes, necesario para la subsistencia del orden democrático.

Ese equilibrio de poderes requiere que el Poder Legislativo discuta y apruebe el Presupuesto anual, el Poder Ejecutivo lo gaste y el Legislativo controle su ejecución. Por arte de magia, estas tres funciones han pasado a estar concentradas en la persona del Jefe de Gobierno de la Ciudad. En ejercicio de las mismas, el Jefe de Gobierno acaba de reducir el presupuesto de los organismos que controlan su gestión. En esta entrega ustedes reciben la carta documento enviada al Jefe de Gobierno por la Defensora del Pueblo, Dra. Alicia Oliveira, en la que señala las implicancias de dicha reducción presupuestaria.

¿Es que sólo quedan funcionarios insobornables en el Ejecutivo y por eso no se necesitan controles? ¿Podríamos poner la mano en el fuego por todos ellos? ¿De veras que este año las empresas de servicios públicos no van a cobrarle de más a nadie? ¿Que no va a haber cortes de luz, ni ruido en el subte, y se van a hacer todas las obras comprometidas? ¿Se van a solucionar los problemas de falta de accesibilidad en los servicios públicos?¿Nadie violará los derechos humanos en el año 2002? ¿No va a haber discriminación por religión, por género o color de la piel? ¿Se va a derogar el corralito y todas las formas de confiscación de los ahorros de la población? ¿No habrá más actos de violencia contra quienes reclamen por sus derechos?

El Gobierno de la Ciudad, ¿va a someter a Evaluación de Impacto Ambiental todas las obras que haga? ¿Va a dejar de llamar a licitaciones internacionales en cumplimiento de los principios de compre argentino? ¿Va a anular todos los beneficios otorgados ilegalmente a la Sociedad Rural Argentina por la venta fraudulenta del predio de Palermo? ¿Va a recuperar todos los espacios verdes vendidos o concesionados ilegalmente por sucesivos gobiernos? ¿Va a dejar de entregar tantos millones de pesos anuales que se regalan a las empresas concesionarias de la basura? ¿Va a cumplir efectivamente con la prohibición del asbesto? ¿Va a retirar todo el PCB que hay en los transformadores de nuestros edificios? ¿Se va a hacer cargo de que las empresas que contaminan existen y que hay que hacerles cumplir la ley? ¿Se va a dar por enterado del peligro que representa el combustible que filtró durante más de veinte años de la estación de servicio de Lima e Independencia?

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿va a aprobar una Ley de Comunas que contemple la realidad de las asambleas barriales? ¿Van a prohibir de una buena vez el percloroetileno? ¿Van a sancionar leyes que protejan nuestro patrimonio natural y cultural? ¿Van a ordenar el retiro de todas las antenas de telefonía celular que están cerca de escuelas y hospitales y la medición periódica y rigurosa de las demás?

Estos han sido unos pocos ejemplos de lo que es nuestro trabajo de todos los días, ejerciendo nuestro rol como organismo de control. Un menor presupuesto significa que se controlará menos.

¿Es que alguien puede creer que controlando menos a los funcionarios las cosas van a andar mejor? @

De mi consideración:

En mi carácter de Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y ante la urgencia del caso, me dirijo a Ud. a los efectos de impugnar formalmente y por este medio el Decreto Nº 171/02 (B.O. del 18.2.02) que recorta en forma arbitraria e ilegítima el presupuesto del organismo a mi cargo.

En efecto, en primer lugar - sin perjuicio de la inconstitucionalidad de la ley 744/02 que delega facultades en el Ejecutivo, especialmente el Art. 12, por autorizar recortes en materia presupuestaria de resorte exclusivo de la Legislatura (Art. 80 inc. 12 y 103 CCBA) debo señalar que la Defensoría no se encuentra incluida en la Ley Nº 70 invocada por el Decreto impugnado, no sólo porque los Arts. 4 y 6 de la misma no la mencionan, sino porque los ítemes de ajustes del Art. 51 de esa ley son ajenos a la institución que represento.

Por otra parte, el decreto viola en forma flagrante el art. 137 CCBA por afectar a un órgano de control del Poder Ejecutivo y de defensa de los habitantes de la Ciudad, cuya naturaleza es ser unipersonal e independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.

Esta demás destacar la función sensible y eficaz de esta Defensoría que ha ahorrado millones de pesos a los habitantes de la Ciudad en materia de servicios públicos con la defensa tanto colectiva como individual de éstos, permitiendo el acceso a la justicia de miles de afectados en materia de salud, ambiente, seguridad social, derechos humanos y libertades fundamentales, limitando también el desborde o irregularidad de la administración en su caso.

Pero lo más preocupante es el avance del órgano controlado (Ejecutivo) sobre el controlante (Defensoría) que a través del recorte puede acotar el control y someterlo o subordinarlo a sus intereses políticos circunstanciales.

La emergencia económica no implica que se admita sin más, indiscriminadamente, la razonabilidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud.

En el caso, la Defensoría tiene un presupuesto de incidencia mínima en las arcas de la Ciudad comparado con su incesante obra en beneficio de la gente, lo que es público y notorio. Por tal razón tenía previsto un aumento del presupuesto para el año 2002. Al mantener igual presupuesto que el del año 2001 (Art. 53 CCBA) ya se ha producido una reducción automática que ha obligado a los ajustes internos que hemos efectuado.

En consecuencia, el recorte de un 20 % del presupuesto anterior que se toma para el corriente año no resiste la afectación constitucional, ni la ética del poder reacio al control, ni la sensibilidad social.

Por lo tanto, pido formalmente deje sin efecto los ajustes ilegales y arbitrarios realizados, haciéndole saber que procederé a interponer los recursos judiciales pertinentes y la denuncia, en su caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Saludo a usted atentamente.

La página de Internet de esta Defensoría Adjunta es: http://defensorecologico.tripod.com