Del 28 al 30 de noviembre del 2001 se celebró en Panamá la XVII Conferencia del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL). Esta fue una conferencia que contó con la participación de delegados de 32 países que pertenecen a la OPANAL, además de China y Estados Unidos como invitados.

La OPANAL es un organismo intergubernamental creado por el Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967, tras la denominada "crisis de los misiles", entre Cuba, la Ex-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Estados Unidos de América (EE.UU.). Los 33 Estados de América Latina forman parte de OPANAL, pero Cuba aún no ha ratificado el mencionado tratado.

Las naciones que participaron en la reunión de OPANAL fueron: Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Haití, Honduras, Jamaica, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, y Santa Lucía.

Según un cable de la agencia de noticias ACAN-EFE, publicado en el diario El Panamá América, el pasado 30 de noviembre, el OPANAL estaba preocupado porque, luego de los atentados terroristas contra EE.UU. el 11 de septiembre, las armas nucleares pueden ser usadas "ya no sólo por Estados, sino también por terroristas" (palabras textuales del Secretario General de esa entidad, el chileno Edmundo Vargas Carreño). "Han abierto -reafirmó Vargas Carreño- la posibilidad de amenazas de terrorismo nuclear".

Los terroristas, -explicó el Secretario General del OPANAL-, pueden preparar ataques destinados a causar la emisión incontrolada de radiactividad o, incluso, pueden llegar a fabricar "bombas sucias" usando como fuentes radiactivas las actividades cotidianas, como la radioterapia.

El chileno Vargas sugirió que el OPANAL forme parte de la cooperación, como una nueva posibilidad, para encarar la seguridad, cooperación que es fundamental en esta nueva situación creada por la amenaza del terrorismo nuclear. En este sentido, manifestó, cabe en el futuro que algunos estados -especialmente las potencias nucleares- y los organismos internacionales, puedan adoptar mecanismos de control y vigilancia, para verificar la existencia de materiales nucleares en la región y puedan así evitar su tráfico.

Otro punto en el que Vargas puso su acento fue el relacionado con el transporte de material radiactivo, debido a que América cuenta con dos de los tres pasos utilizados para este tipo de transporte en el mundo, como lo son: El Canal de Panamá y el Cabo de Hornos, en el extremo sur del Continente (cabo meridional de la isla de Hornos, que pertenece a Chile).

"Resulta importante hacer esfuerzos que permitan contribuir a la adopción de normas internacionales que regulen el tema de manera específica, completa y satisfactoria, tanto para la comunidad internacional como para los estados ribereños frente a cuyas costas se efectúa este tránsito", remarcó.

Dijo que estas normas deben estar destinadas a completar o llenar los vacíos del ordenamiento jurídico internacional, existentes en aspectos relativos a la no-contaminación del medio marítimo, a la información oportuna sobre uso de rutas marítimas y a los planes de contingencia en caso de siniestro.

Por su parte, el ministro panameño de Salud, Fernando Gracia, declaró que el acto de terrorismo contra EE.UU. "pone como tema obligante de reflexión el armamentismo nuclear y las graves consecuencias que pueden traerle al mundo estas armas en manos de naciones u organismos que funcionan al margen de la ley, el humanismo y la moral".

Por otro lado, en un artículo publicado también el día 30 de noviembre en el diario La Prensa, de la capital panameña, titulado: "Urge adoptar normas sobre carga nuclear", el periodista Manuel Domínguez, dice que según Ronald Pope, experto de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), el transporte de material radiactivo "es fiable" porque cumple con estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, según la organización ecologista Greenpeace, citada también en el mismo artículo, los contenedores en los que se transporta la carga nuclear no soportarían las condiciones extremas que se generarían de un accidente o ataque terrorista.

Nuevamente, al igual que lo hicimos en la edición pasada de Multimedios Ambiente Ecológico (MAE), en nuestro artículo titulado: "Contaminación y terrorismo en Panamá", citaremos a la corresponsal en Washington del diario panameño La Prensa, Betty Brannan Jaén. En un nuevo artículo sobre el tema, titulado: "El riesgo de la carga radioactiva por el Canal", publicado en La Prensa, el 2 de diciembre, la periodista Brannan destaca que antes del 11 de septiembre existía la tesis de que los terroristas tenían más interés en publicidad para su causa que en muertos y heridos; pero, tras los ataques del 11 de septiembre "comprobaron todo lo contrario".

En el artículo de Brannan, que citamos en la edición anterior del MAE, y que ella tituló: "Peligro: Canal, carga radiactiva, terrorismo", sostiene dos ideas fundamentales: 1) "Si el Canal es un negocio, ¿dónde está el análisis de costo-beneficio que nos permita (a los panameños) decidir si nos conviene tener clientes cuyo cargamento es basura radioactiva?", y, 2) el riesgo terrorista, que antes del 11 de septiembre era descartado por quienes defienden el paso de embarcaciones con basura radioactiva por el Canal de Panamá, ahora es un riesgo inminente.

En aquel artículo, la periodista panameña dijo que, "desde principios de 1998, grupos ambientales como Greenpeace y el Instituto para el Control Nuclear (o NCI, por sus siglas en inglés), han venido advirtiendo del peligro catastrófico que Panamá enfrentaría si terroristas con explosivos atacan un cargamento de basura radioactiva en travesía por el Canal".

También recordó -para los que hablan de la existencia de una gran seguridad en el Canal- que, a pesar de que se había asegurado que el buque Pacific Swan (que cruzó el Canal el 6 de febrero de 1998) tendría escolta armada y sería protegido por agentes de la seguridad canalera, fue abordado por los activistas de Greenpeace, quienes "sin contratiempo alguno", se encadenaron al mástil y enarbolaron una bandera que decía "Stop Plutonium".

Ante este hecho histórico, recordó Brannan, el NCI denunció que si la nave hubiera sido abordada por un grupo bien armado en lugar de manifestantes pacíficos, el cargamento hubiera estado en grave peligro, con consecuencias catastróficas para el pueblo panameño. La catástrofe -según el NCI- se produciría, si los terroristas usan explosivos, ya que convertirían las 30 toneladas de basura nuclear vitrificada del cargamento, en un polvo radioactivo letal que quedaría disperso en un área enorme. Sería un desastre de dimensiones inimaginables, incluyendo la pérdida de vidas y daños ecológicos.

Ahora, en su nuevo artículo, Betty Brannan cita al Washington Post, el cual informó de un pleito civil en Georgia "que nos debiera interesar".

El pleito de marras consiste en que un grupo de ciudadanos preocupados por la falta de seguridad en una planta nuclear propuesta para el estado de Georgia, recurrió a los tribunales para exigir que la Comisión de Regulación Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) hiciera un análisis del riesgo de que la planta sea el blanco de "actos malévolos". Respondiendo al pleito, la NRC adujo que no tenía obligación de hacer tal análisis porque "las agencias federales sólo tienen que dirigirse a actos que sean razonablemente previsibles". Actos terroristas, afirmó la NRC en un alegato al tribunal, "no caen dentro de la gama de eventos razonablemente previsibles" (¡!).

El alegato, -dice Brannan- "...fue presentado el pasado 12 de septiembre. El mundo había cambiado el día anterior, pero la NRC no se había dado cuenta".

"En los meses transcurridos desde entonces, -dice la corresponsal de La Prensa en Washington-, sin embargo, hasta los funcionarios de la NRC se han percatado de que estamos en un mundo nuevo. Según el Washington Post, la NRC ha cambiado totalmente su idea de cuáles son riesgos 'razonablemente previsibles' y ha iniciado una reevaluación completa de sus medidas de seguridad. Entre otras cosas, la NRC admite que las plantas nucleares en Estados Unidos no podrían resistir un ataque como el de las Torres Gemelas".

En entrevista concedida a Brannan, para La Prensa, por parte de Paul Leventhal, director del grupo ambientalista "Nuclear Control Institute" (NCI, por sus siglas en inglés), éste ha dicho: "Los panameños tienen que preguntarse si los buques con carga radioactiva que pasan por el Canal resistirían un ataque como el de las Torres Gemelas".

Por otro lado, las empresas involucradas en el tránsito de basura nuclear aseguran que se han tomado las medidas de seguridad pertinentes y que se ha cumplido con todos los requisitos de las agencias que regulan este asunto, como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Al respecto, para la periodista panameña: "Eso es poco consuelo, sobre todo, si usamos a las aerolíneas como analogía.

Antes del 11 de septiembre, las aerolíneas estadounidenses también habían cumplido con todos los requisitos de la Agencia de Aviación Federal (FAA, por sus siglas en inglés) y ahora sabemos que esos requisitos eran trágicamente insuficientes, así como hemos confirmado que la FAA es una agencia incapaz que puso su deber de velar por la seguridad de los pasajeros muy por debajo de su deseo de complacer a los directivos de las grandes aerolíneas" (B. Brannan J., Op. cit.).

Y explica: "Las aerolíneas, por su lado, con una confianza injustificada en el supuestamente remoto riesgo terrorista, dejaron que crudas consideraciones de costo dictaran el nivel de seguridad, por lo que fueron recortando y recortando hasta que la seguridad -para los efectos prácticos- era nula" (B. Brannan J., Op. cit.).

Transfiriendo esas duras lecciones al problema de la basura nuclear por el Canal, "yo veo -dice Brannan- que para las empresas transportadoras, esto es un negocio. Como cosa de negocios, su interés es minimizar costos y maximizar ganancias. Sabiendo que el mismo afán que tienen en usar la ruta canalera porque ello les ahorra dinero los motivará a tratar de ahorrar en las medidas de seguridad, me parece ingenuo creer todo lo que nos dicen. En vista del riesgo terrorista, debemos exigir análisis de riesgo, análisis de impacto ambiental, seguros ilimitados, y medidas extraordinarias de seguridad a ser pagadas por las empresas transportadoras, no por el Canal. Y no debemos descartar la posibilidad de sencillamente negarle paso a estos buques".

Finalmente, la periodista concluye así su contundente artículo: "A principios de noviembre, las Naciones Unidas celebró una conferencia sobre terrorismo nuclear en Austria. Según un cable de Knight Ridder, 'un orador tras otro advirtió que las reglas del juego habían cambiado desde el 11 de septiembre'. Antes, la tesis era que los terroristas tenían más interés en publicidad para su causa que en muertos y heridos; pero los ataques del 11 de septiembre comprobaron todo lo contrario. Los nuevos terroristas buscarán la manera de causar el mayor daño posible, por aire, tierra, o mar". @