Hace unas pocas semanas se conoció la noticia de que Japón, por intermedio de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA), donó a nuestro país un laboratorio de análisis químico y envío expertos para colaborar con los nuestros en la búsqueda de una solución (aunque muchos ya lo crean imposible) al eterno problema de la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

Como era de prever, el acontecimiento fue acompañado por manifestaciones verbales esperanzadoras por parte de algunos funcionarios involucrados en la cuestión. Sin embargo, los incrédulos de siempre, atentos más a las acciones empíricas que a la retórica de los agentes de turno, sólo esperamos poder ver (y oler) un río que paulatinamente mejore sus condiciones.

Esta maltratada cuenca está compuesta por un río principal hacia el que derivan una multitud de cursos pequeños, abarcando en su totalidad unos 2240 kilómetros de superficie. El río se denomina Matanza en la provincia de Buenos Aires y toma el nombre de Riachuelo en la Capital Federal apenas atraviesa la avenida General Paz.

Estos ríos forman una cuenca en la que viven alrededor de tres millones de habitantes, de los cuales no llegan al 50% quienes cuentan con cloacas y sólo cerca del 65% posee servicio de agua potable.

La realidad nos muestra que en la actualidad este "río" no presta casi ninguno de los usos más comunes de los ríos, como ser la navegación, la pesca (el agua no cumple siquiera con los 5 miligramos de oxígeno por litro necesario para que se desarrolle la vida, existiendo tramos en los que se registran tan sólo 0,5 mg/l), el esparcimiento, etc.

La contaminación de este curso de agua no es nueva sino que ya lleva casi doscientos años. El proceso comenzó con la instalación sobre sus márgenes de saladeros de carne, industrias del cuero, lavaderos de lana y mataderos que arrojaban sus desechos directamente al río. Así, en 1871 murieron 16.000 personas debido a una epidemia de fiebre amarilla cuya causa se adjudicó al pestilente Riachuelo.

A continuación, luego de un período en el que se retiraron las industrias y sus aguas lograron en parte depurarse, con el primer asentamiento de un frigorífico en 1884 se dio inicio a un progresivo desarrollo industrial que hizo aumentar su contaminación cada vez más hasta nuestros días.

En la actualidad los principales problemas de la cuenca son las inundaciones y la contaminación producida por la descarga de efluentes industriales sin ningún tipo de tratamiento depurador, la descarga de residuos cloacales y los residuos sólidos en la superficie. Además, muchos camiones atmosféricos descargan su contenido en los afluentes y los pozos ciegos desbordan hacia los pluviales.

Ante la situación ambiental de la cuenca se crea en el año 1995 (decreto 482/95) el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (CEMR), a los fines de instrumentar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) que diera el marco de referencia y priorización de las actividades de saneamiento. Dicho Comité está integrado por la Nación (a cargo de la coordinación), la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquiriendo el carácter de organismo interjurisdiccional.

Luego de unos cuantos años (y varios millones gastados en trabajos de consultoría), el estado actual permite afirmar que en la cuenca Matanza-Riachuelo ya no hay nada que estudiar, pues su diagnóstico está más que determinado por el CEMR, el cual ya conoce que contaminantes se vuelcan, quienes los generan, cuánto, dónde y cómo.

En tal sentido, si el CEMR tiene la responsabilidad de coordinar las acciones tendientes al saneamiento pero no tiene el poder de policía ambiental sobre la cuenca, parece muy improbable que su gestión tenga un resultado positivo fáctico sobre la calidad de sus aguas.

Por lo pronto, si bien en el ámbito de la cuenca convergen varias jurisdicciones de distinto nivel con alguna autoridad sobre la misma, el Poder Ejecutivo Nacional no puede desentenderse del tema y de las competencias que le son propias en virtud de lo establecido por los decretos nacionales 674/89 y 776/92.

Pues, por intermedio del primero se establece que la Nación tiene jurisdicción sobre el control de la contaminación hídrica en la Capital Federal y los partidos de la provincia de Buenos Aires acogidos al régimen de la ex Empresa Obras Sanitarias de la Nación; mientras que por el segundo decreto se asigna a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (actual Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, SDSyPA) "el ejercicio del poder de Policía en materia de control de la contaminación hídrica de la calidad de las aguas naturales, superficiales y subterráneas y de los vertidos en su jurisdicción"; transfiriéndose a esta Secretaría todas las facultades y obligaciones que antes de la privatización correspondían a la ex empresa Obras Sanitarias de la Nación.

Con el objeto de cumplimentar con dichos decretos se crea en el ámbito de la mencionada Secretaría la Dirección de Control de la Contaminación Hídrica con el objeto de fiscalizar todo lo atinente al control y preservación de este recurso.

Años más tarde, por Decreto 1403/96 se da origen al Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (INA) como organismo descentralizado de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, bajo cuya órbita nace la Dirección de Control de la Contaminación con la responsabilidad primaria de realizar las funciones operativas derivadas del poder de policía en materia de control de la contaminación y de aplicar toda norma legal relativa.

Ya por nuestros días, mediante el decreto 148 del mes de febrero de 2001, se transfirió a la mencionada Dirección de Control de la Contaminación desde el INA a la actual Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (SDSyPA), quien es, en definitiva, la autoridad última en el control de la contaminación hídrica en jurisdicción nacional.

Ciertamente, la Nación no ha delegado su poder de Policía en materia de control de la contaminación hídrica sobre su jurisdicción y cuenta con organismos establecidos a tales fines, por lo que no debe entonces ignorar su responsabilidad en las actividades que le son propias.

Atento al cada vez mayor deterioro ambiental del recurso y su área de influencia y en el convencimiento de que para bajar el nivel de contaminación de la cuenca no hay que trabajar sobre el agua sino en la tierra, individualizando a los contaminadores, controlando sus descargas y haciendo cumplir las normas vigentes, urge que las autoridades nacionales responsables adopten, de una vez por todas, las medidas pertinentes a fin de revertir el lamentable estado de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. @