Según una noticia recogida por la periodista panameña Yuriela Sagel mysagel@epasa.com, publicada en el diario El Panamá América, el pasado 23 de octubre, los Estados Unidos tenían entonces seis meses para decidir si cumplían o no con la limpieza de la Isla San José, utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para realizar experimentos con armas químicas Esta información brindada por la periodista Sagel, provenía del vicecanciller panameño, Harmodio Arias. (La Isla San José es parte del Archipiélago de Las Perlas, y está ubicada en el Golfo de Panamá, en el Océano Pacífico).

De acuerdo con el Vicecanciller panameño, el Gobierno norteamericano: "Es respetuoso de la ley y cumplirá con el proceso de saneamiento de los sitios militares utilizados en territorio panameño por su ejército". Al ser interrogado sobre si había concesiones especiales con los Estados Unidos, el vicecanciller Arias habría dicho a los periodistas: "Nosotros (los panameños) tenemos que cumplir la ley y ellos (los norteamericanos) también. Ustedes están asumiendo algo que no creo que va a pasar, ellos son respetuosos de la ley y así lo harán", lo cual no deja de ser una suposición.

Por otro lado, existen áreas en tierra firme colindantes al Canal Interoceánico, áreas que fueron polígonos de tiro del Ejército norteamericano. Esas áreas revirtieron a la jurisdicción panameña a fines de 1999 en virtud de los Tratados del Canal de Panamá de 1977 y sus Acuerdos Conexos. Sobre la limpieza de estos ex-polígonos de tiro, el Vicecanciller indicó que la ley establece que EE.UU están comprometidos a cumplir con ese trabajo "hasta donde sea practicable" .

Esta es una terminología que el Gobierno panameño de 1977 (en aquel entonces dirigido con mano de hierro por el general Omar Torrijos) aceptó y el pueblo panameño en un plebiscito -según algunos sectores "amañado"- también aceptó, como aceptó el llamado "Tratado de Neutralidad Torrijos-Carter" (parte de los mencionados Tratados), según el cual, EE.UU. se reserva el derecho unilateral de intervención en Panamá cuando ellos consideren que la neutralidad del Canal esté amenazada (Artículo IV del mencionado Tratado).

Este Tratado de Neutralidad no tiene fecha de terminación y fue invocado para invadir Panamá el 20 de diciembre de 1998 (ver The New York Times, del 21 de diciembre de 1989, pp. A 19 y A 22).

Desde hace años Panamá mantiene un litigio con los Estados Unidos para exigirle que cumpla con el saneamiento de los desechos militares, dejados en los sitios ocupados por sus tropas. El Gobierno panameño declaró "zona de cuarentena sanitaria" a la Isla San José, luego de que un informe de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), revelara la existencia de por lo menos cuatros bombas químicas, que de explotar podrían provocar daños en la piel y afección pulmonar.

La cuarentena, que también alcanza las costas, significa que se impedirá el ingreso de personas no autorizadas a la isla y sus inmediaciones, la evacuación de personas y clausura provisional de todas las instalaciones comerciales o de otro tipo, así como el despliegue de una fuerza de seguridad que haga efectiva estas medidas.

Frente a este hallazgo, el Gobierno panameño advirtió que Estados Unidos no dijo la verdad en torno a la presencia de armas químicas y envió una nota al secretario de Estado, Colin Powell, solicitándole formalmente que Washington informe si existen armas químicas abandonadas en otras áreas de la Isla San José o del territorio panameño, y especificando a través de un mapa los sitios donde se hicieron prácticas con esta clase de armamentos.

En la mencionada Isla de San José se descubrieron tres de las bombas, dos de 1,000 libras y una de 500, las cuales se encuentran intactas. Se dio a conocer que si una bomba de estas explota, puede provocar problemas de salud a personas que se encuentren en un radio de 450 metros, ya que las mismas tienen tres tipos de sustancias que provocan lesiones severas a la piel y al sistema cardiovascular que puede producir, inclusive, la muerte.

Según otra noticia difundida por la agencia de noticias ACAN-EFE, y publicada en el diario panameño La Prensa, el día 2 de noviembre, Panamá espera que Estados Unidos envíe próximamente al país un equipo técnico que analice las armas químicas abandonadas por el Ejército de ese país en la isla panameña de San José, en el Pacífico. Según la noticia, esta información provino del ministro panameño de Relaciones Exteriores, José Miguel Alemán.

El canciller Alemán declaró ese día (2 de noviembre) a la prensa que en su último viaje a Washington, durante la celebración de la "Semana de Panamá" en el mes de octubre, "les pedimos a ellos (EE.UU.) que organizaran una visita técnica a la isla de San José, para ver las bombas químicas que encontramos abandonadas". Añadió que Panamá había enviado esa semana una notificación a la OPAQ, que a su vez debería notificar formalmente a Estados Unidos y, según él, "una vez sean notificados corre un término de treinta días para que ellos envíen una misión técnica a Panamá".

Esta noticia sobre el envío de tal notificación a la OPAQ, también apareció en el diario El Panamá América, el día 3 de Noviembre del presente, día en que Panamá celebra su independencia de Colombia. Según la noticia, el canciller Alemán dijo al respecto: "Hemos pedido el arbitraje, ya que el Departamento de Estado en su dirección de asesoría legal dio una opinión, pero no sabemos cuál fue".

El Canciller panameño indicó también que confiaba en que existía la buena voluntad del Gobierno norteamericano, para cumplir con el saneamiento de los sitios contaminados con desechos militares, sobre todo, cuando ha firmado varios tratados internacionales en esta materia. El canciller Alemán detalló que cualquier Estado que haya abandonado armas químicas en territorio de otro, se hace responsable de limpiarlo y para ello se creó la OPAQ.

Por otro lado, sabemos que el Gobierno panameño contrató la firma "Arnold and Porter", para que analice el tema de la limpieza de los polígonos ante el Gobierno norteamericano y evalúe la posibilidad de cualquier recurso posterior de darse un incumplimiento. Actualmente, hay en Panamá más de 3,675 hectáreas contaminadas, donde los Estados Unidos se ha negado a efectuar el proceso de limpieza, tras argumentar que son sitios de difícil acceso.

El pasado día 10 de Noviembre, fecha en que Panamá conmemora el Primer Grito de Independencia de España, dado en La Villa de Los Santos en 1821, el diario El Panamá América, publicó una información según la cual Panamá denunciará a EE.UU. en un foro regional por la presencia de cuantiosas armas químicas que permanecieron en su territorio tras el retiro de las bases militares de Estados Unidos. Según la noticia, el Gobierno de la actual presidenta, Doña Mireya Moscoso, hará el planteamiento ante la XVII Conferencia del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), que se celebrará en Panamá del 28 al 30 de noviembre (el día 28 de Noviembre Panamá celebra su independencia de España ocurrida en 1821).

"Tenemos la plena seguridad que el OPANAL se hará eco de nuestros reclamos", aseguró Dionisio de Gracia, embajador de Panamá en México, en alusión a las gestiones que su Gobierno realiza ante Washington, para que Estados Unidos remueva los desperdicios tóxicos en la Isla San José, así como los proyectiles sin explotar que permanecen enterrados en la selva donde funcionaron los polígonos de tiro de las antiguas bases que colindaban con el Canal de Panamá.

Por otro lado, el 18 de noviembre, la corresponsal en Washington del diario panameño La Prensa, Betty Brannan Jaén, en un artículo titulado: "Peligro: Canal, carga radiactiva, terrorismo", se pregunta: "Si el Canal es un negocio, ¿dónde está el análisis de costo-beneficio que nos permita decidir si nos conviene tener clientes cuyo cargamento es basura radioactiva?" Según la mencionada periodista panameña, "desde principios de 1998, grupos ambientales como Greenpeace y el Instituto para el Control Nuclear (o NCI, por sus siglas en inglés), han venido advirtiendo del peligro catastrófico que Panamá enfrentaría si terroristas con explosivos atacan un cargamento de basura radioactiva en travesía por el Canal.

En los tres años transcurridos desde que surgió el tema, -dice Betty Brannan- los que defienden el paso de estos cargamentos han descartado el riesgo terrorista, centrando sus argumentos en el poco peligro que esta carga representa en casos de un accidente normal. La mayoría de esta basura está vitrificada y como el vidrio es una sustancia pasiva que no se disuelve en agua...", y cita palabras de Alberto Alemán, administrador del Canal de Panamá, dichas en 1998, así: "Si se hunde (la basura), no pasa nada".

La inteligente periodista panameña comenta en su artículo: "En ese momento (principios de 1998), es cierto, el riesgo terrorista parecía muy remoto. Los arquitectos de las Torres Gemelas también juzgaban imposible que terroristas deliberadamente estrellaran un avión -mucho menos dos- contra su edificio. Pero, como sabemos demasiado bien, hoy vivimos en un mundo distinto. Por ello es esencial que volvamos a analizar el riesgo de que estos cargamentos sean el blanco de terroristas; igualmente, es obsoleto seguir discutiendo el tema como si el único riesgo fuera el de accidente".

En Washington recientemente, Alemán, administrador del Canal, reveló que desde 1997, el general norteamericano retirado Wayne Downing ha estado asesorando sobre la estrategia antiterrorista del Canal.

Como Downing es ahora el "zar antiterrorista" de la Casa Blanca, su asesoría al Canal inspiraría confianza, si no fuera porque un grupito de activistas de Greenpeace burlaron su supuesta estrategia antiterrorista en 1998. Recordarán que se nos había asegurado que el buque Pacific Swan (que cruzó el Canal el 6 de febrero de 1998) tendría escolta armada y sería protegido por agentes de seguridad canalera. Sin embargo, los activistas de Greenpeace abordaron el Pacific Swan sin contratiempo alguno, se encadenaron al mástil y enarbolaron una bandera que decía "Stop Plutonium".

Por su parte, el NCI ha denunciado al respecto, lo siguiente: "Queda claro que si la nave hubiera sido abordada por un grupo bien armado en lugar de manifestantes pacíficos, el cargamento hubiera estado en grave peligro, con consecuencias catastróficas para el pueblo panameño" . La catástrofe se produciría, advierte NCI, si los terroristas usan explosivos, ya que convertirían las 30 toneladas de basura nuclear vitrificada del cargamento, en un polvo radioactivo letal que quedaría disperso en un área enorme. Sería un desastre de dimensiones inimaginables, incluyendo la pérdida de vidas y daños ecológicos.

Desde el 11 de septiembre pasado, en todas partes del mundo -salvo Panamá, según parece- se está discutiendo con urgencia el peligro terrorista con respecto a instalaciones nucleares y el transporte de material radioactivo. Las grandes potencias que utilizan energía nuclear se han dado cuenta de que su protección contra el terrorismo es altamente deficiente y están implementando nuevas medidas, aunque los expertos admiten que ninguna instalación nuclear podría resistir un ataque como el del World Trade Center.

Panamá, por otro lado, no es una gran potencia y no usa energía nuclear. La vulnerabilidad de Panamá se debe, exclusivamente, a que Francia, Inglaterra y Japón han adoptado un esquema de transporte nuclear que, para conveniencia suya -no la de Panamá- pasa por el Canal de Panamá.

Al final de su artículo, la periodista Betty Brannan comenta: "Se nos dice que bajo administración panameña, el Canal es un negocio. Pues bien, bajo esa teoría, debemos preguntar: ¿Quién paga por la seguridad adicional que estos cargamentos requieren? Si el Canal es indefendible, como (el administrador Alberto) Alemán ha admitido, ¿cómo puede haber seguridad que valga? ¿Qué quiere decir eso de que Estados Unidos "impedirá los actos terroristas contra el Canal"?

Si Estados Unidos no ha podido protegerse a sí mismo contra el terrorismo, ¿Cómo protegerá al Canal? ¿Qué protección lleva estos buques contra aviones kamikaze? Con la enormidad del posible desastre, ¿Qué seguro tiene la empresa dueña de estos buques? ¿Tiene un seguro ilimitado como requiere el Canal de Suez? Si el ataque terrorista ocurre mientras un piloto canalero está al mando del buque, ¿Significaría que la responsabilidad por el desastre recae sobre nosotros los panameños? ¿Dónde está el análisis de riesgo? ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental? "

Indudablemente, nuestra compatriota Betty Brannan tiene toda la razón: Si el Canal es un negocio, ¿dónde está el análisis de costo contra beneficio que nos permita decidir si estos clientes nos convienen? @