Imaginemos el camino que nos lleva a casa. Una maravillosa avenida rodeada por una arboleda de añosas tipas (Tipuana tipu) que allá arriba unen sus ramas como en un abrazo. Como formando un túnel mientras pasamos. Diría que es relajante poder llegar a casa o salir de ella a través de un lugar con esa armonía.

Imaginemos ahora el mismo camino, pero le agregamos inmensas estructuras de hierro con carteles publicitarios que proliferan sin límite, anunciando los más diversos productos: Ofertas de teléfonos celulares, ropa interior, seguros de vida, hamburguesas, sitios en Internet, etc.

Todo a lo largo de una avenida como una sucesión de alaridos que compiten por captar nuestra atención en un tamaño que crece hasta convertirse en grotescos paredones, en algunos casos con una supuestamente creativa tercera dimensión, y la infaltable iluminación nocturna de modo que ya resulta inevitable mirarlas a cualquier hora en que circulamos, o debemos hacerlo como hipnotizados transeúntes.

En esta hipótesis imaginativa estamos evidentemente privados del placer y la armonía de los árboles, y nos encontramos frente una pesadilla que asemeja nuestro camino a un frenético pasillo entre góndolas de supermercado.

Como complemento de las hipótesis anteriores, y al sólo efecto de ayudar a la imaginación, miremos a las cartelerías que muestren una parte muy acotada de una situación que resulta indefectiblemente repetida en casi todo el país y que no hace más que resaltar la falta de un criterio adecuado para planificar la publicidad en la vía pública, la incapacidad para comprender lo que es y las consecuencias que tiene la contaminación visual.

Una actividad que no es sino un negocio en el que se benefician muy pocos y nos perjudicamos todos, y donde resulta difícil comprender cómo ha ocurrido, cómo hemos consentido, en silencio, una invasión tan profunda, que deteriora tanto nuestra calidad de vida y que sin duda alguna le quita valor a los lugares donde se instala.

Quizás se ha minimizado a la contaminación visual frente a otros tipos de impacto, como el que sufre el aire, el agua o incluso la contaminación sonora, debido a la ausencia de un parámetro objetivo que permita medir el modo en que se afecta la calidad de vida o se "contribuye" al stress de la gente.

Sin embargo el sentido común puede ayudarnos a analizar el tema, tomando en cuenta aspectos como la seguridad del tránsito -ya que por su propia naturaleza los carteles se instalan para llamar la atención de quienes manejan los automóviles- o lo que me interesa resaltar en esta nota: La disminución del valor de los lugares donde se instalan los carteles y la ausencia de compensación de quienes han sufrido la pérdida de valor de un lugar como consecuencia de la aparición de una ingrata cartelería.

¿Qué ventajas ha obtenido aquel que vivía en una situación similar a la primera hipótesis imaginada y que ahora vive en circunstancias semejantes a la segunda hipótesis?

¿Ha sido consultado acerca de su interés en que se instalen carteles cerca de su casa?

Si su barrio, por ejemplo, ha sufrido la invasión de carteles -lo cual seguramente implica que su calidad de vida y el valor de su propiedad han disminuido-, ¿ha sido compensado, por ejemplo, con la baja de impuestos o de algún otro modo?

Si el concesionario que comercializa los carteles obtiene un beneficio (cobrar el espacio publicitario) ¿De qué modo compensa a quienes se ven perjudicados con la instalación del mismo?

En la Ciudad Buenos Aires como en su conurbano, resulta prácticamente imposible que una persona, ubicada en un lugar público, se encuentre con la vista fuera del alcance de un cartel. Quien circula en la ciudad ve miles por día. Hasta la misma publicidad de las empresas que comercializan la cartelería en la vía pública resaltan un hecho indudable, de un modo paradójicamente elogiable: Imposible no mirar. Y lo que es peor es que es cierto.

En muchísimos casos se han destruido árboles para instalar carteles o se los han podado para que resulten más visibles, y aunque exista la prohibición de instalarlos sobre los árboles, finalmente se colocan de un modo tal que el efecto es el mismo: Los carteles tapan la visión de un árbol de muchos años, cuya copa sería maravilloso poderla disfrutar sin interferencias.

Una de las principales causas del descontrol actual es la falta de una legislación adecuada, la ausencia de fiscalización, y la falta de estándares unificados, lo cual implica, en la práctica, que los carteles pueden ser colocados en casi cualquier lugar y de cualquier tamaño. Y una vez que han sido instalados resulta muy difícil hacerlos retirar.

Cabe preguntarse: ¿En qué momento la comunidad decidió que prefiere ver carteles en lugar de árboles?

La problemática de la contaminación visual provocada por la cartelería podría sistematizarse en cuatro aspectos:

1. Cantidad. (Existen demasiados).
2. Tamaño. (Prácticamente no tienen límites).
3. Ubicación. (Se encuentran en cualquier lugar que uno mira).
4. Mensaje. (Muchas veces es de dudoso buen gusto o inapropiado para el medio en que se encuentra).

Resulta entonces necesario contar con regulaciones y controles estrictos para proteger las características propias de la comunidad, la calidad de vida y la economía local imponiendo la obligación de que los carteles sean ubicados solamente en lugares -limitados- establecidos para tal fin.

Obsérvese que en la actualidad cualquier obra en construcción se ha transformado en un gigantesco vehículo publicitario que perdura meses, sin contemplar su cercanía a lugares que tienen importancia histórica, cultural, natural o arquitectónica, lo cual ha hecho que las ciudades y las comunidades se parezcan cada vez más unas a otras por la uniformidad de las marcas y de la cartelería en la vía pública.

A diferencia de otras publicidades que podemos elegir mirar o no, los carteles utilizan nuestro espacio público, lo cual implica que son vistos por todo tipo de personas, de cualquier edad, lo cual debería imponer una responsabilidad mayor para que los mensajes no sean ofensivos. No hay oportunidad de dar vuelta la página, dejar una revista o cambiar el canal de la televisión. Están allí, día y noche, y en muchos casos es imposible pasar junto a ellos sin verlos, aún sin intención de mirarlos.

Los carteles de la vía pública eliminan así nuestra posibilidad de elegir y tenemos que verlos aunque no tengamos intención. De este modo y tal como lo afirma la publicidad mencionada resulta imposible no mirar, lo cual implican una verdadera violación a nuestra privacidad.

Enfocado desde otro punto de vista el negocio de instalar esas grandiosas estructuras metálicas y sus carteles en la vía pública se realiza sobre algo que no pertenece a ninguna de las partes beneficiadas y que pertenece a nuestro campo de visión.

El estricto control de nuestro ambiente visual resulta entonces imprescindible para dar un paso indudable hacia una mejor calidad de vida y la conservación de la autenticidad de los lugares y no es sino la implementación de nuestro derecho a un ambiente sano, contemplado en la Constitución Nacional y del derecho a que se respete su carácter, su patrimonio natural y cultural.

Tal vez el primer gran paso debería consistir en detener la colocación de nuevos carteles, evitando que la situación actual empeore. En términos prácticos implicaría contar con alguna regulación, una ordenanza, por ejemplo, que impida la construcción de nuevos carteles. Esto seguramente beneficiaría a quienes ya explotan carteles, pero implicaría detener el crecimiento constante de la actividad contaminante.

Con indudables fundamentos, y aunque requiera de una aplicación concreta, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contempla la obligación del Gobierno de la Ciudad de desarrollar políticas de preservación de la calidad visual para sus habitantes (Artículo 27, inciso 2).

También la Ley 71 de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la cual se crea el Consejo del Plan Urbano Ambiental contiene, como uno de sus objetivos principales, el deber de asegurar a todos los habitantes de la ciudad el derecho a circular y habitar en áreas libres de contaminación visual y sonora (Artículo 12, inciso f).

Por su parte, si bien la Ordenanza 41.115 sistematiza el régimen de la publicidad en vía pública pero no contempla en su articulado la problemática de la contaminación visual.

A fines del año 1997, y a través de un fallo de la Sala B de la Cámara Civil de Apelaciones, el Gobierno de la Ciudad fue obligado a retirar en un plazo no mayor a 180 días los carteles publicitarios que se encontraban a lo largo de la avenida Lugones. El encomiable fallo judicial señaló que correspondía al Gobierno de la Ciudad, mantener "un ambiente sano y la seguridad pública". El caso se había iniciado por un recurso de amparo presentado por la Asociación de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT) por considerar que la gran cantidad de carteles constituía una contaminación visual que resultaba peligrosa para los automovilistas.

Admirable resolución que no solamente implicaba un avance jurisprudencial sin precedentes en el país, sino que tomaba en cuenta la seguridad vial y, además, generaba una zona mucho más limpia de carteles. La sanción judicial resalta la necesidad de impedir una saturación visual que a su vez impide diferenciar y valorar lo que se muestra en el espacio público y la necesidad de evaluar de un modo previo a la colocación de carteles, su impacto en la seguridad vial.

Lamentablemente, la avenida Lugones, que es la puerta de entrada a la Ciudad de Buenos Aires para miles de vehículos que ingresan diariamente desde la zona norte, continua recibiendo monumentales carteles que, indefectiblemente, tapan árboles y puentes, desvalorizando una vía de acceso que podría ser mucho más agradable.

Complementando los aspectos legales, resulta fundamental destacar que uno de los principios fundamentales de la Conferencia de Río de 1992 establece que quien contamina paga, de modo que bien podría aplicarse a la industria de la cartelería o a los cables de las empresas de televisión que tanto contaminan a las ciudades con su actividad sin hacerse cargo de las consecuencias que generan.

Nada desvaloriza tanto el carácter de una comunidad más rápido ni más profundamente que la instalación descontrolada de carteles y cables.

Volvamos al ejemplo del principio, que no es sino el cambio que han sufrido quiénes viven sobre la Avenida del Libertador desde Vicente López hasta San Isidro. Si entramos a una zona por una avenida de inmensa arboleda seguramente estaremos en presencia de un lugar que no solamente es más agradable sino que sus terrenos tienen más valor que aquellas zonas atestadas de carteles hasta límites groseros.

Esto no resulta difícil de comprender ni siquiera para quien no es entendido en el tema. Ahora bien, pensemos al revés. Si un lugar que tenia aquellas características de belleza natural ahora está colmado de carteles, es evidente que ha perdido su valor y que quien ha contribuido a tal disminución debería compensarlo por un principio común que establece que aquel que causa daños debe repararlos y que en materia ambiental se traduce en el ya mencionado principio de "quién contamina paga".

Tal vez, -y presentando un criterio que no comparto porque implicaría negociar la calidad de vida- algunos podrían aceptar la presencia de grandes carteles publicitarios argumentando que sus impuestos se vieron notablemente disminuidos por el hecho de tolerar su instalación en las cercanías de su casa.

De todos modos, el ejemplo, para ser realmente adecuado debería contemplar la consulta a todos aquellos que se van afectados por la instalación de un cartel que no solamente desvaloriza su propiedad, sino que indefectiblemente deberán ver cada vez que circulen. Si esto ocurriera, y la gente decidiera aceptar la instalación de un cartel, seguramente requeriría alguna compensación a cambio de la pérdida que deberían experimentar.

Desde ese punto de vista, no parece lógico que sin consulta, la gente del lugar solamente sufra las pérdidas de una calle, de un barrio agradable a cambio de que alguien, cualquiera sea, se beneficie.

Si acaso contar con una arboleda no tiene valor porque los lugares con mejor vista, con árboles más añosos resultan más costosos que aquellos que carecen de semejante condición. ¿Existe algún lugar donde los carteles valorizan un área?

¿Si los propietarios de un edifico deciden sumarse a la contaminación general y permiten la instalación de un cartel en su terraza, no reciben una compensación que se traduce en el pago de menores expensas? Esta evidencia demuestra que, a cambio de dar algo, los propietarios de un edificio reciben una contraprestación a cambio.

Sin embargo aquí ocurre que quienes viven en el edificio de enfrente y se les recorta un pedazo de cielo, de noche estrellada, de luz, de vista o cómo queramos llamarlo, no tuvieron oportunidad de preferir el cartel a cambio de una reducción en las expensas y solamente sufrieron la pérdida, y ahora, cada vez que asoman su cabeza aparece la gigantesca marca expuesta en su marquesina monumental.

¿Por qué entonces, por ejemplo, los propietarios de los barrios que han sido literalmente empapelados de publicidad no han recibido compensación?

Todo lo anterior demuestra que la contaminación visual requiere de muy exigentes códigos y de una necesaria participación ciudadana para su aprobación.

Quizás muchos propietarios comiencen a preferir vivir lejos de carteles y decidan continuar pagando sus expensas habituales tomando en cuenta el hecho de que vivir en lugares menos contaminados implica una mejor calidad de vida. En otros países las ciudades que optaron por restringir y hasta prohibir la colocación de carteles se han beneficiado con una mejor calidad de vida y con la posibilidad de obtener mayores recursos como consecuencia, por ejemplo, del turismo. Así: Vermont, Maine, Alaska, Hawaii, son lugares que han sido colocados entre aquellos donde la gente prefiere vivir.

La Argentina tiene un potencial turístico inmenso y Buenos Aires constituye una de las ciudades más atractivas del mundo por su arquitectura, su cultura y su gente. La protección de su patrimonio cultural y el necesario control de la contaminación visual representa una misma estrategia que el Gobierno debería emprender, si quiere realzar su condición de ciudad turística. Si sigue permitiendo el avance de la contaminación visual será igualada a tantas otras ciudades que tienen las mismas marcas, los mismos carteles y la misma falta de capacidad de aprovechar los beneficios de una ciudad más limpia, más auténtica y con una mejor calidad de vida para quienes la habiten. @