El problema del agua dulce es en estos momentos es uno de los más cruciales para la humanidad en su conjunto. El crecimiento poblacional global, asociado al proceso de cambio climático, está generando las condiciones para que la crisis hídrica mundial se agudice en los próximos 25 años.

Pero el agua no sólo es un elemento vital para la vida cotidiana, es también un insumo para la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la industria, sin contar los efectos indirectos en los diversos ecosistemas.

Desde esta perspectiva, el problema del agua tiene una clara dimensión económica. Como su escasez o deterioro de calidad afecta a la producción, existe consenso acerca de la necesidad de un manejo racional de este recurso.

Sin embargo, no hay un acuerdo sobre el mejor mecanismo para alcanzar este objetivo, encontrándose opiniones encontradas, que muchas veces responden a prejuicios de carácter ideológico, que contribuyen a hacer más confuso un tema que por si mismo ya es bastante complejo.

Se supone que la legislación, en general, es un conjunto de normas que, legitimadas por el consenso social, buscan promover la convivencia pacífica y la búsqueda de bienestar de las personas que forman la sociedad.

En el caso del agua, la legislación que regula su uso y conservación debería contemplar diversos factores, tales como:

• Es un recurso de uso múltiple, estratégico y fundamental para garantizar el desarrollo de cualquier país.
• Su disponibilidad en una cuenca es variable en el tiempo, pudiendo existir variaciones estacionales e interanuales, y con tendencias aparentemente negativas, debido al cambio climático.
• El nivel de recuperabilidad de una fuente de agua es variable, pudiendo existir fuentes no renovables.
• Los ecosistemas naturales también dependen del agua.
• Se usa en ambientes terrestres, pero su uso afecta zonas subterráneas y marinas.
• Es un bien cuya acumulación y movilización es difícil y cara.

Como ocurre con otros recursos naturales, el mercado tiene grandes dificultades para asignarle correctamente un precio que estimule un uso racional y sostenible.

Así, la legislación, como producto y herramienta de la sociedad, debería ser capaz de establecer un marco que permita resolver el conflicto de intereses entre la sociedad y las actividades productivas y el ambiente, con criterios de equidad y sostenibilidad, en un contexto donde las tendencias políticas globales, a partir de los noventa, promovieron un cambio en los sistemas económicos de nuestros países con un claro sesgo hacia la privatización de los recursos naturales, muchas veces motivado por presiones externas.

En este contexto, el reto de los agentes que dependen del agua y sus representantes políticos es muy grandes. ¿Cómo diseñar un mecanismo eficiente y transparente para asignar el agua entre varios usos alternativos? ¿Deben existir prioridades o preferencias en la asignación? ¿Cómo evitar que este uso signifique sobrepasar ciertos límites por encima de los cuales se causen daños irreparables al ambiente? Son interrogantes a tomar en cuenta.

Uno de los puntos más sensibles, política y económicamente, es la designación de la instancia que tendrá el poder para decidir sobre el uso de los recursos hídricos. No sólo es necesario definir el espacio de acción (usuarios locales, cuenca, provincia, país o región) sino también los criterios e instrumentos para asignar el agua, los procedimientos para realizar los ajustes que sean necesarios en el futuro y los límites que impone la protección ambiental.

Por otro lado, se acepta que el mercado tendrá muchas dificultades para asignar correctamente los precios y cantidades en el mercado del agua, por lo menos en el futuro inmediato. A la inexistencia de instituciones y mecanismos para permitir el libre juego de la oferta y demanda se agrega el cortoplacismo de los agentes económicos, que podría atentar contra la sostenibilidad del desarrollo, así como los problemas de representación política de sectores indígenas, rurales o pobres.

No es fácil tomar una decisión, por ejemplo, entre una minería que genera millones de dólares en pocos años para el país y una agricultura, comparativamente pobre, de la cual han dependido y dependen cientos de miles de personas, en una historia que ya tiene cerca de 20 mil años de explotación. ¿Será el mercado un juez capaz de valorar todos los elementos que deberían entrar en juego en la asignación del recurso? El debate recién empieza en la mayoría de nuestros países.

Para algunos, el libre mercado del agua sería la solución más razonable, que gradualmente se reflejará en un uso más eficiente de un recurso escaso. Pero los cuestionamientos a esta posición son muy fuertes, notándose una gran preocupación por las consecuencias sociales y ambientales de fenómenos como la sobreexplotación, concentración de la propiedad y especulación. Entre las preguntas que todavía no tienen una respuesta clara podemos mencionar:

• En el caso de la agricultura, ¿es razonable la transferencia de derechos del agua de modo separado a los derechos de la tierra?
• ¿Qué hacer para proteger a los usuarios que requieren agua para garantizar su subsistencia?
• Para evitar monopolios y especulación, ¿debe ser necesario el uso beneficioso para poder acceder a un derecho de agua?
• Aquella persona titular de un derecho de agua ¿debe estar obligada a pagar los costos de la infraestructura que hace posible el aprovechamiento del recurso y su mantenimiento?
• ¿Cómo se determina la primera asignación de los derechos y el procedimiento para transferirlos?
• ¿Cómo se garantizan los derechos de las poblaciones nativas y comunidades campesinas, que utilizan el recursos desde hace décadas o siglos?
• ¿Qué instancia será responsable de resolver casos de uso perjudicial para terceros?

Del mismo modo, frente a aquellos que propugnan el mantenimiento de una fuerte regulación, con la activa participación del Estado, también existen sólidos argumentos en contra. Si bien resulta sencillo comprender los objetivos y espacios de gestión (cuenca) que propone la posición estatista-reguladora, el problema surge cuando esta quiere traducirse en la práctica.

Como en cualquier mecanismo de regulación, el primer problema es determinar los sectores que estarían representados, no sólo en términos de selección de los sectores que participan en el sino también de proporcionalidad y poder para influir en la toma de decisiones. Teniendo en cuenta una larga tradición de ineficiencia, corrupción y burocratismo en la administración pública, que algunas veces termina doblegándose ante el poder de los grandes intereses económicos, el escepticismo es totalmente justificado.

Subsiste además la eterna proclividad de los organismos estatales a asumir posiciones populistas en coyunturas políticas electorales, que puede significar decisiones equivocadas pero "populares" en el corto plazo. Así, oscilando entre dos extremos igualmente perjudiciales, es poco probable que la regulación del Estado pueda alcanzar un resultado positivo, como lo demuestra la experiencia de las últimas décadas.

Un último factor a considerar es que, ya sea bajo libre mercado o regulación, el desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el manejo de agua, así como el control de su uso, implican un costo económico que puede ser asumido por los sectores afectados, la sociedad en su conjunto o por nadie, propiciando un deterioro de la infraestructura.

Sabiendo que el mercado tiene problemas para traducir los distintos factores en un precio correcto para el agua, ¿cómo se determinaran las tarifas y se decidirá si éstas tienen que ser diferenciadas según el sector que la utiliza? Esto incluso tiene una dimensión social muy difícil de manejar, cuando un uso puede ser económicamente ineficiente pero socialmente inevitable (caso de la agricultura de subsistencia)

La formación del precio del agua considera múltiples factores, unos cuantificables y otro no. Estos factores deberían (aunque no siempre ocurre) estar relacionados con el potencial productivo y de reutilización que se haga del uso del recurso, tomándose en cuenta las cantidades (agua retirada, consumida y devuelta), calidad, etc. No se debe dejar de mencionar que, complicando la valorización, el agua no tiene un flujo constante sino que más bien se caracteriza por su variabilidad, lo que implica situaciones de escasez y abundancia.

Además, recordando que la demanda por agua viene creciendo, resulta necesario plantear una propuesta para financiar las inversiones que permitan aumentar la disponibilidad, lo que implica varios peligros. Si se quiere captar inversión privada, se requerirá un mayor énfasis en la privatización del recurso, con los efectos excluyentes de ese tipo de política, mientras que el mantenimiento de un rol protagónico del Estado significa que todos los contribuyentes terminarán subsidiando a los usuarios del agua.

Por último, teniendo en cuenta que una mala gestión del agua puede tener efectos gravísimos sobre el ambiente, se requieren mecanismos apropiados para evitar estas situaciones, diseñados basándose en tres principios:

• Prevención, es decir, evitar la generación de contaminación en su probable origen.
• Precautorio, donde una vez identificada la posibilidad de daño ambiental, se establecen medidas de control.
• Sanción, donde el agente que contamina debe asumir los costos que impliquen neutralizar las consecuencias de su acción.

Como puede apreciarse, el problema del agua es sumamente complejo, en donde son necesario conciliar intereses muy diversos, con el riesgo de causar grandes perjuicios económicos, sociales o ambientales en caso de una decisión errada.

El objetivo de esta página es precisamente contribuir a encontrar respuestas a las preguntas planteadas, buscando que la amplia participación de las instituciones y especialistas permita promover el consenso alrededor de las políticas sobre recursos naturales, resguardando los intereses de los sectores sociales tradicionalmente excluidos de las grandes decisiones de política. @