El Ordenamiento Jurídico Ambiental Ecuatoriano se estructura de la siguiente manera: Constitución Política, Leyes, Reglamentos, Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales, Resoluciones (dictadas por autoridades administrativas), Ordenanzas (expedidas por Municipios y Consejos Provinciales) y Actos Administrativos.

Actualmente, Ecuador está dividido política y administrativamente en 22 provincias y 216 cantones, un número elevado si se considera la superficie del país (256.370 Km2). Los Gobiernos Seccionales, por sus funciones, tienen detallada información de lo que ocurre en su circunscripción territorial, constituyéndose en actores clave en la prevención y control de la contaminación ambiental; son autónomos y legislan dentro de su territorio. Esto genera todo un espectro de visiones y regulaciones locales, que en gran medida dificulta la formulación de una política ambiental regional y nacional coherente, con objetivos claros y alcanzables.

Uno de los aciertos de la Ley de Gestión Ambiental (30 Julio/1999) fue crear el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, que transfiere competencias de control a los Municipios y Consejos Provinciales. Sin embargo de esto, en Ecuador la mayoría de municipios no tienen la suficiencia requerida para cumplir con un efectivo control de la contaminación. Una de las razones para este incumplimiento, es que el Gobierno - vía ley - transfirió las competencias, pero no los recursos económicos ni la capacitación técnica necesaria para que los municipios cumplan en forma efectiva su función de prevenir y controlar la contaminación.

Otro problema recurrente es que algunos municipios medianos y pequeños consideran el tema ambiental como una "moda", con la cual es necesario estar al día y colocarse al nivel de lo que hacen ciudades más grandes; es así como han expedido ordenanzas ambientales que contienen normas de control que les son imposibles de cumplir en la actualidad, porque carecen de la capacidad económica y técnica para hacerlo. Ante esta situación, es necesario que autoridades y funcionarios, primero, tengan la voluntad política de prevenir y controlar la contaminación y después emitan regulaciones que sean capaces de cumplir y hacer cumplir.

Flexibilizando las normas se podrá avanzar en forma efectiva y concertada en la descontaminación y no como en la actualidad, que existiendo una normatividad rígida se la cumple en una pequeña proporción ó simplemente no se la cumple. La descontaminación no se la realiza de la noche a la mañana, necesariamente es un proceso que se ajusta en el espacio y en el tiempo.

Además, la mayoría de autoridades (alcaldes, prefectos, concejales, consejeros) actúan en función de los réditos políticos que se desprenden de su accionar. Por ejemplo, dan prioridad a la construcción de la escuela, de la cancha deportiva, de la casa comunal, a la construcción de vías de comunicación (obra visible que "da votos") que a contratar un estudio serio de ordenamiento territorial y planificar en forma racional el desarrollo de su cantón ó iniciar un consistente programa de capacitación ambiental a su comunidad.

Normalmente buscan financiamiento externo para estas actividades y como también tienen limitaciones tanto en la elaboración de proyectos como en la gestión de recursos financieros, la planificación estratégica queda relegada a un segundo plano. En honor a la verdad, es preciso recalcar que si existen autoridades comprometidas con el desarrollo planificado y ambientalmente responsable, aunque forman parte de una minoría.

Por ley, los Municipios y Consejos Provinciales deben estructurar su presupuesto y planificar sus actividades considerando el aspecto ambiental. En la práctica esto se cumple sólo en una pequeña proporción y la variable ambiental que debería ser la primera o una de las primeras en ser consideradas, es en realidad la última ó simplemente no se la considera.

El desempeño ambiental ecuatoriano se encuentra en las primeras etapas de regulación e implementación, es necesario un arduo trabajo de concientización y capacitación a todo nivel. Con voluntad política, recursos económicos y técnicos, las deficiencias existentes son superables. Particular importancia se debe dar a la gestión ambiental en los municipios, por ser los organismos que por sus funciones y actividades tienen las mayores potencialidades para prevenir y controlar en forma efectiva la contaminación. @

• Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas y Petróleo del Ecuador.
• Sociedad de Ingenieros del Ecuador.
• Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador. ACCE:
• Comité de Consultoría Técnica de la Vicepresidencia de la República.
• Cámara de Minería del Ecuador.
• Fundación Visión Siglo XXI.