Un día cualquiera, media Buenos Aires siente olor a gas. Es un olor irritante, que pica en los ojos y la nariz y da una sensación de ahogo a las personas asmáticas. Los teléfonos de la policía y los de Defensa Civil están que arden. La gente denuncia y los móviles recorren la Ciudad buscando algo tan inasible como un olor.

Advierten los funcionarios: "Sospechamos lo que es, pero nuestros instrumentos no están calibrados para detectar algo en concentraciones tan bajas". Sin embargo, los especialistas no están tranquilos: las concentraciones del gas son bajas en la esquina de mi casa. Pero, ¿cómo fueron en el punto de escape?

Por la noche, el Subsecretario de Medio Ambiente y el Director General de Defensa Civil recorren la Ciudad buscando el origen del gas, del mismo modo que el califa Harún El Raschid recorría la Bagdad nocturna de Las Mil y Una Noches. Finalmente, aparece la certeza en el punto más obvio: el gas proviene del polo petroquímico del Dock Sud.

Los funcionarios se detienen ante la frontera que separa la Capital Federal de la Provincia de Buenos Aires. Allí, del otro lado del Riachuelo, hay centenares de tanques con combustibles, explosivos y sustancias tóxicas desconocidas. De uno de ellos ha partido el gas, pero del otro lado parece no haber nadie.

Después las cosas se van sabiendo: la Provincia de Buenos Aires sabía del escape de gas y de su fuente, sólo que después de tantos años de gases peligrosos venteados frente a las narices de la gente, ni siquiera se tomaron el trabajo de informarlo.

Más allá de la anécdota puntual, el olor incómodo nos está recordando la ausencia de una política ambiental y la debilidad de una política para la atención de las emergencias ambientales. Ante una situación de emergencia, los funcionarios no pueden actuar, porque no tienen los medios o las competencias necesarias, o el poder político para enfrentar los intereses creados.

El Dock Sud es, probablemente, la peor área de riesgo del país. ¿Existe el peligro de una explosión en cadena de centenares de tanques de combustibles, tóxicos y explosivos? ¿Cómo afectaría esto a las zonas más densamente pobladas de la Argentina? ¿Acaso existe un plan de contingencia para el Dock? Y si existe, ¿por qué es tan secreto que no lo conoce nadie? ¿Qué tiene que hacer la población cuando percibe determinados olores: quedarse en su casa, cerrar las ventanas, o escapar rápido? ¿Qué hacer con los chicos, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias? ¿A qué hospitales pueden concurrir las víctimas de una emergencia ambiental? ¿Quién controla, de veras, lo que se está haciendo en el Dock? Por ejemplo, ¿hay allí tecnologías y sustancias químicas prohibidas en sus respectivos países de origen?

Está claro que esta política de Estado ausente ya es insostenible en el tema ambiental. El Área Metropolitana de Buenos Aires es una unidad y no es posible seguir partiéndola en pedacitos administrativos, mientras los gases atraviesan todas las jurisdicciones al capricho del viento. Ya es hora de definir claramente todas las áreas de riesgo potencial, publicar toda la información que se tenga sobre ellas y dar instrucciones concretas a la población sobre cómo actuar ante una emergencia. La pasividad puede llegar a costarnos muchas vidas.

Con este criterio, acabamos de presentarnos ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para proponer los lineamientos de un Convenio con la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento conjunto de los riesgos ambientales del Dock Sud. @