"Hoy la situación en la provincia de Santiago del Estero es grave".

La problemática de la tierra ha llegado a su punto más drástico, con el avasallamiento de los derechos más elementales, que posibilitan la vida al campesino. La Legislatura Provincial ha sancionado una ley que habilita a los jueces a impartir órdenes de desalojo, sin proceso previo, dejando a la gente en total indefensión.

Se ha montado una maquinaria en la que intervienen jueces, terratenientes, policía, políticos y la nunca escasa mano de obra desocupada, junto a los servicios de informaciones comandados por el represor Musa Azar y el mayor D'amico.

En la localidad de Vilelas, departamento Juan F. Ibarra, la familia Guevara fue desalojada por orden de la juez civil Susana Ahumada de Castellanos. Dicha orden fue impartida a pesar de los planteos de Nulidad peticionado por los abogados de la familia Guevara, ya que la sentencia de la causa fue firmada por el Juez de la dictadura militar Leopoldo Luna Etchevertz, quien durante la dictadura declaraba sobreseimientos al represor Musa Azar y por lo tanto pertenece a esa clase de jueces que rechazaban Recursos de Hábeas Corpus a los desaparecidos.

En el desalojo quemaron sus casas y arrasaron con todo lo que encontraron en el lugar. La familia Guevara, que vive en el lugar hace 30 años, pertenece al MOCASE (Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero), ha decidido resistir la orden del juez porque de acuerdo al Art. 36 de la Constitución, los actos de los funcionarios de la dictadura son insanablemente nulos y por lo tanto están dispuestos a ejercer el derecho de resistencia que invoca la normativa constitucional.

La prensa local asociada al régimen, proyecta sobre la sociedad la imagen de "movimiento de campesinos subversivos", requisito previo para legitimar otro tipo de acciones. La familia Guevara retornó a sus posesiones en un clima de tensa espera a la resolución del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. La policía que estaba actuando como colchón entre campesinos y terratenientes, este fin de semana se ha retirado del lugar, dejando al área en una tierra de nadie.

Los campesinos Santiagueños vienen siendo atropellados cotidianamente y no están dispuestos a ser desalojados impunemente. La sentencia judicial no va ha ser acatada por los campesinos y por lo tanto advertimos que se pueden desencadenar imprevisibles consecuencias. Solicitamos que se reproduzca y se difunda este comunicado y que ha medida de sus posibilidades se hagan presente en el lugar de los hechos como una forma de garantizar la vida y las garantías de los campesinos". @