Con fecha 25 de Mayo del 2000, el Diario Clarín publicó una nota de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires titulada "Inmigrantes: en buena ley".

Esta pone de manifiesto su preocupación por una campaña tendiente a culpar a los inmigrantes de los países limítrofes de los problemas que tienen su origen en la exclusión de un segmento considerable de la población y en la desigual distribución del ingreso.

Hace alusión a comportamientos discriminatorios, alentados por algunos comunicadores sociales irresponsables, que incentivan la lucha de pobres contra pobres y distraen con ello a los sectores más desfavorecidos de las causas reales de sus padecimientos.

Agrega que los propagandistas de la xenofobia y la discriminación pretenden convencer a la opinión pública de que los bolivianos, peruanos o paraguayos que huyen de la miseria, les roban el trabajo a los argentinos, cuando (según ella) realizan tareas de alto riesgo por jornales que no cubren sus necesidades, siendo reducidos en muchos casos a la esclavitud.

Continúa refiriéndose a la forma en que se los persigue. Termina proponiendo ayuda, sumándose a una propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina tendiente a facilitar la normalización de las situaciones irregulares, punto de partida para hacer menos traumática su presencia.

Queremos comenzar diciendo que compartimos el concepto de que estamos siendo víctimas de un proceso que excluye a una enorme mayoría, que termina llevando a la gente y hasta a los pueblos al enfrentamiento.

Pero tampoco ignoramos que este proceso no podría llevarse a cabo sin la anuencia de políticos y funcionarios, entre los que por supuesto se encuentra también la funcionaria.

Si bien es cierto que mucha de esa gente es gente de bien y que trabaja por jornales miserables, también es cierto que hay muchos de los nuestros en las mismas o peores condiciones, pero además, están los otros (los que no son de bien) en una lista que por supuesto excede el marco de las nacionalidades mencionadas, los que no deberían permanecer siquiera un instante con los pies en esta tierra nuestra donde hay tanta gente honesta que sufre, detalle que, evidentemente, no preocupa demasiado a la "Defensora del Pueblo".

No caben dudas de que para todo deben existir límites; y que si en algo se caracteriza este proceso es en la ruptura de todo límite, salvo en lo que hace a nuestras obligaciones con el estado.

Un estado responsable de una apertura indiscriminada en todos los ordenes, que deja la suerte de los individuos libradas al azar, avasallando de hecho sus derechos y garantías.

Un estado que hasta pretende imponernos como debemos pensar y sentir, como en este caso, cuando se recurre a presiones de tipo psicológico, no titubeando en acusar de xenófogos y discriminadores a todos cuantos se opongan a sus injustas pretensiones.

Definitivamente, una nación es como un hogar, no se puede dejar la puerta abierta de par en par, deben de ponerse límites.

Abrir las puertas indiscriminadamente así como pretenden, es tender al desorden a la indefensión y al caos, impedir que nuestro pueblo pueda avanzar y alcanzar su destino.

La caridad bien entendida empieza por casa, aunque si algo queda claro es que la funcionaria no está allí para hacer caridad, en todo caso se supone para defendernos, nos da la sensación de que no lo tiene muy claro. @