Una de las consideraciones de fondo en cuestiones ambientales surgen a partir de los espacios de poder desde donde se gestan las políticas ambientales, tanto sean del sector público como del sector privado.

Estos espacios no necesariamente deben responder siempre al poder político. Hemos asistido durante décadas a la influencia de sectores de poder económico suficiente como para ser -en forma burdamente encubierta- los gestores de las políticas ambientales de los gobiernos de turno.

Estos sectores, por conveniencia, promovían la generación de políticas que les permitieran continuar con sus actividades con poco énfasis en lo concerniente al ambiente, mediante un fuerte lobby en los estamentos gubernamentales y utilizando como escudo de protección el falso paradigma entre empleo y preservación del ambiente.

Los gobernantes de turno conocen la necesidad del voto popular para llegar al poder pero saben perfectamente que quienes alimentan sus arcas personales son los grupos económicos. Las necesidades básicas de grandes sectores de la población son muchas veces fácilmente satisfechos con la generación de empleo a través de la promoción de procesos industriales totalmente ineficientes en sus aspectos ambientales o tecnologías desechadas en otros países.

A mayores presiones de cumplimiento hacia estos procesos, mayores costos se agregarán al producto y por ende esto influirá en su salida al mercado, del cual dependen los salarios de los empleados. Allí surgen las críticas por parte de los empresarios generando el paradigma mencionado.

El costo de la preservación ambiental siempre ha sido y será eso: un costo.

¿Cuándo un seguro de accidentes es caro? cuando no ocurren accidentes. Obviamente el criterio de contratar un seguro no pasa por el costo, sino por la prevención.

Esta cuestión de la prevención, tanto en la generación de accidentes como prevenirse y tener un seguro en caso de la ocurrencia de un imprevisto es la que justifica el desvío de fondos a cubrir ese seguro.

En el caso ambiental, los sectores productivos deben trasladar a sus costos aquellos provenientes de la preservación ambiental, tanto sea para su propio beneficio como para el beneficio común.

Esto funciona a veces como un seguro. Invertir en la instalación de sistemas de control y de depuración de los efluentes gaseosos implica no sólo preservar el ambiente sino también evitar o minimizar posibles casos de contaminación y de afección a la salud de los trabajadores y de la población cercana, que pudieran generar juicios contra la empresa

Una industria que recicla sus residuos y de esta forma obtiene un subproducto reutilizable o comercializable, no basa este procedimiento en su conciencia ambiental, fundamentalmente es un beneficio económico. En este caso este comportamiento "ambientalmente amigable" redunda en el propio beneficio de la empresa. Mi opinión es que no importa si reciclan porque se encuentran compenetrados con la preservación ambiental o porque les interés ganar más dinero -es decir, no perder el valor agregado de los residuos- lo que importa es que reciclen, recuperen y reutilicen.

Suele suceder que un procedimiento de recuperación resulta ser más oneroso que la generación de nuevo producto, y por ende lo que potencialmente podría reciclarse, es desechado como residuo que sale de la planta.

Dependiendo de los contextos económicos, pueden surgir otros actores sociales que ingresen al circuito y por lo tanto se complementen con la actividad, tomando estos residuos y transformándolos, generando bienes de menor valor pero maximizando el valor agregado de los residuos.

Cuando los beneficios no son directos y están comprometidas la salud y bienestar de la población es que entran en juego las políticas de preservación, más allá de los beneficios económicos directos. Muchas veces estos beneficios indirectos se observan, por ejemplo, en la disminución de casos de atención de la salud. Si se obliga al tratamiento de los efluentes gaseosos de un área que afectaban a la población en general, luego disminuyen los casos de afecciones respiratorias y por lo tanto se precisan menos divisas para un área que pueden ser derivados a otras.

El tratamiento de los efluentes gaseosos o de los efluentes líquidos no siempre redunda en un beneficio directo para la empresa, sino más bien se trata de la preservación del ambiente y de la salud y seguridad de la población que se ve afectada o esta dentro del rango de acción de los efluentes generados.

Es en este punto donde las políticas públicas aparecen como reguladoras universales en busca del beneficio y del bien común.

Por ello las estructuras ambientales gubernamentales deben ubicarse como organismos autónomos con un rango mayor que muchas otras áreas de gobierno.

Esta autonomía obliga al consenso obligatorio entre el área ambiental con las restantes, reconociendo que cada una responde a sus propios intereses y visiones respecto al beneficio común de la población representada.

De la misma forma la generación de normativas ambientales debieran partir de estas estructuras con poder y capacidad suficientes para que tengan un sustento acorde a la importancia que ellas implican y con el debido soporte técnico.

No se trata de justificar megaestructuras pero si reconocer que estamentos de mayor poder político poseen mayor capacidad de búsqueda, referencia y capacidad de contratación de especialistas para sustentar la generación de políticas globales que precisan como condición sine qua non una sólida base de ciencia e investigación.

Otro de los motivos por los cuales la estructura de política ambiental debe ubicarse en los mas altos estamentos del gobierno surge en su accionar multiplicador hacia las provincias, estados o las divisiones políticas de cada país.

La generación de políticas a nivel nacional implica un marco el cual debe ser aceptado por el resto de los estados o provincias, por lo que no es lo mismo que el organismo nacional tenga un rango de cuarto o quinto nivel que si es de segundo nivel. Cada país y sistema posee un rango diferencial en sus estamentos.

En EE.UU. las Agencias tienen tanto o más poder que los Ministerios, dependiendo directamente de la presidencia, lo cual les asegura un poder suficiente para desarrollar sus tareas adecuadamente y con poder suficiente para promover activamente sus políticas.

En el caso de la política exterior, en las representaciones y ante los organismos financieros, las estructuras ambientales con rangos de hasta un segundo nivel, le permiten acceder muchas veces a líneas crediticias blandas o con mejores sistemas de obtención y devolución de créditos, aplicables a proyectos ambientales.

El Banco Mundial hace referencia en una de sus circulares, la cual lamentablemente tuve en mis manos una vez y que extravié, no pudiendo luego procurarme de una nuevamente, haciendo mención en esta circular a las líneas de crédito blandas para otorgar a proyectos ambientales de diferente escala, en tanto y en cuanto el país solicitante tuviera una estructura ambiental gubernamental de rango equivalente a un segundo nivel.

Obviamente los países con estructuras gubernamentales ambientales de menor rango no pueden acceder a estos beneficios y ven limitada en gran medida la concreción de proyectos ambientales - por ejemplo, desde evaluaciones para la generación de políticas, estudios de reconversión industrial, implementación de planes y programas regionales, estudios de cultivos y de situación de usos del suelo, estudios hidráulicos de control de inundaciones, implementación de sistemas de control y alerta meteorológico, aplicación concreta de proyectos de saneamiento y otros -.

Ubicar a las estructuras ambientales en estratos por debajo de un segundo nivel de poder es desmerecer su propia identidad, es desmerecer la calidad ambiental del área que se regula, es desmerecer las necesidades de la sociedad en cuanto a la preservación del ambiente donde se desarrolla, es desmerecer los esfuerzos realizados por el sector privado en mejorar su relación con el ambiente.

Ubicar a las estructuras ambientales en estratos por debajo de un segundo nivel de poder es promocionar el incumplimiento de las normas, ya que denota explícitamente por parte del estado su desinterés en lo que hace a la preservación del ambiente, es menospreciar al personal técnico del área que tiene a cargo brindar el sustento técnico para la generación de las políticas ambientales nacionales, es promover la inacción en cuanto a limitar el poder de decisión y de generación de políticas y regulaciones nuevas, es presentarse ante los organismos internacionales como estructuras perdidas y de poca monta sin el marco adecuado ante otros países cuyos representantes responden directamente a sus máximas jerarquías o ante ministros que responden directamente al presidente.

Los estratos de poder privado tienen entonces presente que la importancia que le da el estado al tema ambiental no va más allá de una estructura dependiente de algún organismo que a su vez depende de otro y que este otro depende de un ministerio.

Es decir que cualquier empresario medio tiene más acceso a los estamentos de poder más altos que el propio titular del organismo ambiental. Entonces, ¿para qué va recurrir a él si directamente puede acceder al ministro o a la presidencia? por lo tanto queda aislado del poder de consulta y de decisión.

Eso va transformando al organismo en un sitio meramente de imagen interna y que se diluye en la megaestructura, perdiendo su capacidad de acción y su importancia.

Pero en este proceso o situación principalmente hay dos grandes perdedores: el ambiente y la sociedad toda.

Hasta la próxima @