El Tribunal Centroamericano del Agua cree que todos los ciudadanos tienen derecho legal a tener agua potable y quiere probarlo. El tribunal, ubicado en Costa Rica, es un cuerpo autónomo cuyo jurado independiente revisará 12 casos controversiales sobre la contaminación del agua en Centroamérica y luego emitirá su veredicto. Aún cuando la decisión del jurado no tendrá consecuencias legales, José María Borrero, coordinador legal del Tribunal Centroamericano, considera que les permitirá captar la atención del público y presionar internacionalmente a aquellos que sean encontrados culpables.

Él indica que casi la mitad de la población de Latinoamérica carece de agua potable, agregando que "es injusto que tantos se están muriendo de sed". Hace notar que casi todos los países de la región tienen leyes donde se proclama que los ciudadanos tienen el derecho constitucional a un ambiente limpio y se prohíbe la contaminación del agua, pero éstas casi nunca se cumplen.

Los grupos de ciudadanos que presentaron los casos y la evidencia esperan conocer si su caso fue seleccionado a principios de marzo. Entre los criterios para la selección figuran, entre otros: el daño ambiental; la importancia de los ecosistemas afectados; y la cantidad de gente afectada. El jurado estará compuesto por un representante de cada uno de los países centroamericanos, además de tres expertos internacionales. Borrero indica que una prioridad al seleccionar a los miembros del jurados es que estos sean "de renombre, respetados y que tengan buena reputación por tener moral y ética".

En agosto, el tribunal invitará a los acusados para que se presenten a exponer su posición. Si ellos no parecen, el caso será decidido con las evidencias presentadas. Según Javier Bogantes,el tribunal tiene cuidado de seleccionar sólo casos en los que los demandantes hayan presentado evidencias científicas confiables. Entre los casos que el tribunal está revisando para ser seleccionados está el de una compañía petrolera acusada de contaminar el agua en el Petén de Guatemala; otro caso es contra el Banco para el Desarrollo Internacional y el gobierno de Panamá por los daños causados por la construcción de una carretera; y un tercero es contra una compañía minera en Nicaragua.

Uno de los casos presentados no tuvo la necesidad de ir al juicio. El Comité para el la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca acusó al gobierno de Honduras y a una asociación de productores de camarones, haciéndolos responsables por contaminar las aguas del golfo que poseen una gran riqueza ictícola. De acuerdo con Jorge Varela, director del grupo, se declaró una tregua en enero, cuando el gobierno estableció una moratoria contra cualquier expansión de fincas camaroneras y estableció una zona protegida en el Golfo de Fonseca, para lo que el grupo conservacionista había estado cabildeando por años.

Mientras que muchos factores llevaron a la resolución del conflicto, Varela cree que los acusados estaban bien conscientes del efecto que habría causado la publicidad internacional negativa debida a un veredicto de "culpable".

El tribunal es financiado por la embajada de Holanda y por organizaciones europeas.@

Contactos: