En el mundo ya casi nadie discute que la dimensión de los problemas ambientales actuales sobrevino con la revolución industrial y la explotación intensiva de los recursos naturales. Pero la realidad es hoy mucho más compleja y el deterioro de las condiciones ambientales y sociales se origina en más de una fuente. De hecho, en varios encuentros internacionales, los países industrializados señalaron a la pobreza como "una de las principales fuentes de contaminación ambiental, tanto o más que la proveniente de la actividad industrial ".

Más allá de este discutible argumento, lo cierto es que no existe actualmente un solo responsable ni un único abordaje posible para enfrentar la crisis ambiental.

En términos generales, en la distribución de competencias e incumbencias, correspondería asignar al Estado la responsabilidad primaria en el establecimiento de principios y pautas comunes de conducta para la protección ambiental. Esto incluye la sanción de marcos normativos que fijen parámetros de manejo sustentable para las distintas actividades económicas, la conformación de organismos de instrumentación, fiscalización y control, verdaderamente operativos, y un órgano judicial con capacidad efectiva -no sólo formal- para ejercer sus funciones, afianzar valores y garantizar una efectiva tutela.

Desde ya, esto no excluye las responsabilidades y acciones de la sociedad, ni las instancias de mercado. Pero resulta claro que cualquier intento de resolución de los conflictos ambientales debe plantearse a partir de una Política Ambiental, cuyas recomendaciones y objetivos deben ser formulados desde las instituciones estatales, reguladoras de las inquietudes y necesidades de los distintos sectores sociales, políticos y económicos, y, articuladoras de los intereses y espectativas de la comunidad, a fin de aportar legitimidad y eficiencia en la concreción de los fines públicos.

En este sentido, cabe analizar la responsabilidad frente a la gestión ambiental que podríamos definir como el "conjunto de las actividades humanas encaminadas a procurar una ordenación del ambiente y contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo sustentable". Este propósito comenzó a visualizarse en América Latina y El Caribe como un objetivo social y, por ende, como una función estatal. Como consecuencia de ello, la gestión ambiental pasó a ser una función más del Estado, lo que dio origen al establecimiento de sistemas administrativos ambientales.

Un balance general de la capacidad de respuesta de los ministerios, secretarías u organismos ambientales de los distintos países de la región, muestra que esa capacidad de respuesta ha sido insuficiente. En principio, por la forma en que muchas de esas administraciones fueron concebidas, las que no tuvieron en cuenta la complejidad de los ecosistemas y sus interrelaciones, ni las vinculaciones y tensiones que existen entre economía, ambiente y desarrollo. Sus actividades se redujeron al tratamiento sectorial de algunos problemas ambientales mediante soluciones puramente remediales, con escasa acción interarias, sin un diagnóstico integral y sin recrear ámbitos de trabajo conjunto con los actores sociales que intervienen sobre el entorno.

Otra razón profunda de la insuficiencia de estas administraciones ambientales ha sido la falta de fuerza política necesaria y, en algunos casos, de los recursos técnicos, humanos y financieros indispensables. Las crisis económicas de la región siempre afectaron a los organismos ambientales por tratarse de los eslabones más débiles de la administración pública.

En los casos en los que la administración concentró -por transferencia desde otros organismos de Gobierno- la mayoría de las funciones vinculadas a los recursos naturales, el proceso estuvo acompañado de una cierta pérdida de las atribuciones que estas funciones tenían en sus destinos originales. Por lo que, con el tiempo, estas funciones terminaron ejerciéndose en el vacío.

En los casos en que esas funciones no fueron transferidas, casi no se registraron cambios en materia ambiental. Todo ello permite afirmar que el establecimiento de sistemas administrativos para la gestión ambiental en América Latina y El Caribe ha significado, en los hechos, un proceso más formal que real.

Los procesos de desregulación, ajuste, minimización y transformación de las estructuras estatales, han contribuido enormemente en los últimos años a agudizar esa ineficiencia y, desde ya, han abonado la tesis según la cual todo deberá resolverlo "el libre juego del mercado".

No se trata de confrontar instrumentos de regulación y control con mecanismos de mercado, sino de formular un abanico de opciones de política ambiental donde pueda compatibilizarse el necesario desarrollo y la protección del ambiente a fin de garantizar la calidad de lo que se produce y consume y la calidad de los servicios que se disfrutan.

En principio, se requiere reforzar institucionalmente a los organismos administrativos ambientales. Primero, a través de una clara decisión política de disponer instrumentos y recursos, y en el caso de los organismos nacionales, junto al parlamento, la fijación de directivas, regulaciones, parámetros, metas y objetivos ambientales claros y específicos.

Pero, sin lugar a dudas, el eje de una nueva construcción debe estar centrado en el mejoramiento de las capacidades locales de gestión ambiental concebida como una función participativa, trans-sectorial e integradora, y no sólo limitada a un único organismo. La decidida participación de la sociedad civil en la gestión ambiental incidirá en la calidad de la política adoptada y en la transformación productiva sustentable.

Resulta importante aclarar que el reforzamiento jurídico-institucional del Estado en materia ambiental, no implica el desconocimiento o abandono de otros mecanismos de acción fuera de la órbita estatal, como son las iniciativas privadas o un eventual beneficio ambiental resultante del funcionamiento propio del mercado. Por el contrario, se trata de fomentar esas prácticas a través de políticas globales (industriales, crediticias, impositivas, exportadoras, etc.) y establecer un marco mínimo de protección ambiental para cuando el "interés del mercado" se contrapone a la necesidad social de preservar su calidad de vida y su entorno.

Es cierto que en el sector empresario se ha venido avanzando paulatinamente hacia la incorporación de criterios de sustentabilidad en la búsqueda de conciliar el progreso industrial con las necesidades de ordenación y tutela de los bienes ambientales, pero, todavía, hallamos serias dificultades a la hora de perfilar cómo protegerlos eficazmente.

Bajo el paradigma del Desarrollo Humano es necesario que el Estado recupere su rol regulador, compensador y activador, pero que respete la obligación de preservar la base ecológica de la sustentación para el desarrollo.

Hasta el próximo número. @

Ing. Antonio Nicolás Gillari
director@ambiente-ecologico.com
Director General
Multimedios Ambiente Ecológico