No es nueva ni inédita la preocupación por la relación entre el Hombre con su entorno. Desde la Creación, el ser humano ha buscado diferentes formas de armonizar, adaptarse o dominar el ambiente. Desde el mandato bíblico de "trabajarás la tierra", pasando por las religiones primitivas que intentaban con sacrificios y ritos tranquilizar las fuerzas telúricas, hasta hoy en que el Hombre, a pesar de su señorío tecnológico, se da cuenta de que el ambiente puede agotarse, esta relación ha estado presente en todas las culturas.

El tema de la naturaleza afecta a todos los aspectos de la civilización. No es ya un sueño romántico; no es sólo una constante de la literatura (presente, por ejemplo, en "Romance del río seco" de Leopoldo Lugones, en los versos del gran Federico García Lorca "Verde que te quiero verde" o en la lírica poesía con que Guillermo Enrique Hudson describe la belleza de la garza blanca africana) sino que también pertenece a la filosofía, a la historia, a la ciencia y aún a la religión. La dimensión ambiental barniza y tiñe a todo el espectro social, económico, político, jurídico y cultural. Cualquier enfoque político es ineficaz hoy si no considera las relaciones del Hombre con la naturaleza, de modo tal que las economías que no tomen en cuenta la variable ambiental no serán viables.

En el mundo ya casi nadie discute que la dimensión de los problemas ambientales se agudizaron con la revolución industrial y la explotación intensiva de los recursos naturales, pero la realidad es hoy mucho más compleja y el deterioro de las condiciones ambientales y sociales se origina en más de una fuente. El notable desarrollo tecnológico de los últimos 50 años ha revolucionado las condiciones de vida de la humanidad, al tiempo que los efectos de ignorar las señales de advertencia de la naturaleza saltan a la vista, preocupan e inquietan. Ciertamente, no existe actualmente un sólo responsable ni un único abordaje posible para enfrentar la crisis ambiental. En este sentido, también la pobreza, las desigualdades, la precariedad laboral y la marginación constituyen graves deudas socioambientales.

El artículo 41 de la Constitución Nacional expresa: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano (…) y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho y a la información y educación ambientales".

Si bien el deber de preservar es generalizado a toda la sociedad, para poder implementar una protección eficiente es necesario establecer niveles de responsabilidad, tanto frente a las técnicas de regulación adecuadas, como a las labores de fiscalización y control en cuanto al daño y su reparación.

En términos generales, en la distribución de competencias e incumbencias corresponde asignar al Estado la responsabilidad primaria en el establecimiento de principios y pautas comunes de conducta para la protección ambiental. Esto incluye la sanción de marcos normativos que fijen parámetros de manejo sustentable para las distintas actividades económicas, el establecimiento de organismos de instrumentación, fiscalización y control verdaderamente operativos, y un órgano judicial con capacidad efectiva para ejercer sus funciones, afianzar valores y garantizar una efectiva tutela.

Desde ya, esto no excluye en absoluto las responsabilidades y acciones de la sociedad ni las instancias del mercado. Pero resulta claro que cualquier intento de resolución de los conflictos ambientales debe plantearse a partir de una política ambiental, cuyas recomendaciones y objetivos deben ser formulados desde las instituciones estatales, reguladoras de las inquietudes y necesidades de los distintos sectores sociales, políticos y económicos y articuladoras de los intereses y expectativas de la comunidad.

Actualmente existe un significativo grado de conflicto acerca de las premisas, las políticas y los propósitos de la relación entre economía, desarrollo y ambiente, y entre la tensión de intereses entre lo individual, la comunidad y el Estado. Sin embargo, no cabe duda que el Estado tiene un rol prioritario, orientador y debe dar señales claras a fin de reconciliar tales tensiones y conflictos, garantizando la protección del ambiente por intermedio de una adecuada gestión estatal, generando emprendimientos o procesos "sustentables" no sólo desde el punto de vista económico o social, sino también ambiental.

Hasta ahora, el establecimiento de sistemas legislativos y administrativos para la gestión ambiental en Latinoamérica ha significado, en los hechos, un proceso más formal que real. Los procesos de desregulación, ajuste y minimización de las estructuras estatales en toda la región han contribuído enormemente a agudizar esa ineficiencia. (la intervención estatal no se ha mostrado aún como un instrumento inductivo eficaz para impulsar un necesario desarrollo que sea "sustentable").

En principio, se requiere un reforzamiento institucional de los organismos administrativos ambientales. Primero, a través de una clara decisión política de disponer instrumentos y recursos y, en el caso del Parlamento, a través de la fijación de directivas, parámetros, metas y objetivos ambientales claros. Un eje importante de este reforzamiento debe centrarse en la construcción de capacidades locales de gestión ambiental, con criterio participativo e integrador, para una verdadera transformación productiva sustentable.

En forma simultánea, es necesario consolidar e impulsar las iniciativas privadas destinadas a mejorar la relación entre los sectores productivos y el ambiente, tanto como optimizar aquellos mecanismos típicos de mercado que contribuyan a minimizar los riesgos y daños ambientales. Es preciso fomentar esas prácticas a través de políticas globales (industriales, crediticias, impositivas, exportadoras, etc.) que se proyecten más allá de las demandas del cortoplacismo.

Es cierto que en el sector empresario se ha venido avanzando paulatinamente hacia la incorporación de criterios de sustentabilidad, pero todavía nos enfrentamos a muchas dificultades a la hora de definir las estrategias de protección ambiental más adecuadas para combinar desarrollo y preservación.

Indudablemente sobre este aspecto aún nos queda un largo camino por recorrer, en el cual no debemos confrontar los instrumentos de regulación y control con los instrumentos de mercado, sino formular un abanico de opciones de política ambiental donde puedan compatibilizarse el necesario desarrollo y la protección del ambiente.

Resulta evidente que estos nuevos desafíos están instalando la necesidad de encontrar respuestas imaginativas y eficientes, en un mundo con necesidades sociales pendientes de satisfacción y con recursos naturales que se agotan o son crecientemente afectados. No hallarlas equivale a sostener una situación ambiental cuyos riesgos son cada vez mayores.

En tal sentido, como presidente de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano del Senado de la Nación, he presentado una serie de iniciativas que recogen los nuevos paradigmas en materia ambiental, económica y social. Una de ellas es la que establece el Sistema Nacional de Reducción de la Contaminación Hídrica, que incorpora un novedoso mecanismo de mercado (certificados de emisión transables) para reducir en forma paulatina los niveles de contaminación de las cuencas. Otra propuesta consistió en la conformación del Sistema Integrado de Manejo Costero como instrumento para la preservación, mejoramiento y recuperación de las áreas costeras mediante una planificación y gestión continua de desarrollo dinámico. Así también hemos presentado un proyecto de ley de Evaluación de Impacto Ambiental para ser aplicada a aquellas obras y actividades que puedan afectar significativamente el ambiente.

Asimismo, diseñamos una norma que recoge el principio de recomposición por Daño Ambiental, en un marco en el que los intereses sectoriales se compatibilicen con el interés general y la búsqueda de mayores niveles de calidad de vida. Esta obligación de restablecer las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al hecho, es un precepto que recoge un principio básico para el derecho y que domina el ámbito de la responsabilidad civil: "todo aquél que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio".

A su vez, trabajamos en un proyecto sobre Información Ambiental, el cual instrumenta el derecho constitucional de acceder a este tipo de información que se encuentre en poder de las autoridades públicas, actuando como condición básica para que la participación ciudadana en asuntos ambientales tenga eficacia práctica. Se propone desarrollar legislativamente un sistema adecuado que, por un lado, habilite legalmente a los ciudadanos para conseguir que la Administración comunique o facilite la información que dispone sobre todos aquellos aspectos vinculados al ambiente o a emprendimientos que pudieran afectarlo; y, por otro, establezca mecanismos ágiles para garantizar el acceso a una información veraz y oportuna.

También propusimos una ley sobre Educación Ambiental que intenta complementar el enfoque dado en la ley federal de educación, desarrollando la dimensión ambiental para su aplicación al sistema educativo en un cruce transversal, en todos sus niveles y dimensiones; y otra que establece un Censo Ambiental Nacional a llevarse a cabo veinteañalmente, con el propósito de efectuar un diagnóstico cierto y eficaz de nuestros recursos, así como de establecer la relación entre los riesgos ambientales y los centros urbanos. Se trata de una herramienta que permitirá conocer el estado del ambiente y su evolución para luego determinar estrategias de desarrollo ambientalmente sustentables. (Es dable aclarar que estos cuatro últimos proyectos fueron oportunamente aprobadas por este Cuerpo que integro).

Sabemos que la solución a la problemática ambiental no tiene una receta única a aplicar, ni que una mejor calidad de vida se logra sólo desde un ente gubernamental. Se logra a través de acciones coordinadas con los demás actores sociales. Por lo tanto, resulta imperioso lograr una relación con el ambiente que una al Estado, (como guía y regulador en la instrumentación de políticas económicas, sociales y ambientales) al mercado y a la sociedad civil en un nuevo diálogo con la ciencia y la tecnología y la transformación de los valores y los estilos de vida.

El hecho de tomar nuestras decisiones económicas y políticas cotidianas en el ámbito de un marco ambiental constituye no sólo una aspiración sino una necesidad biológica. @

(*) El Dr. Antonio Francisco Cafiero, es Senador Nacional de la República Argentina y es el presidente, entre otras, de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano del Honorable Senado de la Nación.