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Edición 67 / Febrero del 2000   



 

Áreas Naturales Protegidas

Por Dr. Luis Reinaldo Fernández
Miembro del Consejo Editorial
lrf@ambiente-ecologico.com




     Los antiguos chinos e hindúes fueron los primeros en cerrar campos para evitar la desaparición de plantas y animales que consideraban delicados. Luego, el concepto fue adaptado a su gusto por los señores feudales de Europa, que protegieron sus bosques para preservar un stock renovable de presas de caza y penalizaron toda actividad furtiva de los campesinos.

     La primera reserva natural oficializada por un gobierno fue el bosque francés de Fointainebleau, en 1861, con sólo 624 hectáreas protegidas. Pero el concepto de reservas de gran extensión nació en Estados Unidos, donde en 1872 se eligió el gigantesco bosque de Yellostone como "parque nacional para recreación, beneficio y goce del pueblo". También fueron los norteamericanos los primeros en crear un servicio orgánico de guardaparques, en 1916, para administrar y custodiar las áreas protegidas. Canadá fue el segundo país americano que se plegó a esa novedosa tendencia creando el Parque Nacional Bauff en 1885. Argentina, fue el tercero de América en crear un Parque Nacional, el 1 de febrero de 1904 por decreto del presidente Julio Argentino Roca, en la zona del lago Nahuel Huapi, en base a 7500 hectáreas donadas en 1903 por el perito Francisco Pascasio Moreno y luego aumentadas a 43000 hectáreas.

     En 1934 se crean, por ley 12.103, la Dirección (hoy Administración) de Parques Nacionales y, simultáneamente, los grandes Parques del Sur (Nahuel Huapi, Lanín, Los Alerces, Perito Moreno y Glaciares) y el Iguazú. Con la finalidad de proteger las mayores bellezas naturales del país se inicia en ese momento la historia de las instituciones argentinas dedicadas a la preservación de la naturaleza.

     En líneas generales, la política inicial del organismo se orienta a la afirmación de la soberanía territorial, al desarrollo regional de áreas de frontera y periféricas, y a la conservación de la naturaleza. Posteriormente comienza a apreciarse el valor científico de la protección de la flora y la fauna.

     Actualmente las áreas protegidas dependientes del Gobierno federal se rigen por lo dispuesto en la ley 22.351 sobre Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. Luego, unas pocas áreas protegidas federales se han creado por medio de decretos presidenciales en base a la reasignación de tierras que ya pertenecían al dominio del Estado Nacional: son las Reservas Naturales Estrictas, Educativas y Silvestres. Este es el caso del decreto presidencial 2148/90, por el cual se crea la categoría de Reserva Natural Estricta para las áreas protegidas de jurisdicción nacional, poniéndolas a cargo de la APN como ente administrador de las mismas. El decreto establece que la categoría puede aplicarse a áreas protegidas nacionales existentes o a porciones de las mismas, especialmente recategorizadas, o a nuevas áreas protegidas creadas para este propósito. Esta categoría nacional es equiparable a la categoría I de la UICN (zona de alto valor científico donde está vedado el ingreso del público y los vehículos, la extracción de recursos y la construcción de cualquier obra de ingeniería). La Reserva Natural Estricta Otamendi, (de 3000 hectáreas) ubicada a 68 kilómetros de la Capital Federal en la provincia de Buenos Aires, se encuadra en esta categoría de área protegida, sin duda, la que mayor rigor aplica al cuidado de la naturaleza autóctona.

     Entre las funciones de las áreas naturales protegidas, dentro de las cuales se ubican los Parques Nacionales, figuran el conservar la fauna y flora de cada región, los ríos y lagos, la tierra, los minerales y los paisajes en estado natural para conservar la vida del lugar tal como es, para uso recreativo y educacional de la población y para la investigación científica. La idea es tener muestrarios sanos y representativos de los distintos ambientes y que los lugares protegidos puedan servir para producir nuevas medicinas y alimentos.

     En 1981 la Administración de Parques Nacionales protegía el 1 por ciento de la Argentina, equivalente a 28.000 kilómetros cuadrados. Para la misma época, Japón y Estados Unidos protegían el 5 por ciento de sus territorios, y los africanos entre un 3 y un 16 por ciento, según la región y el país.

     En la década del noventa el número de Parques Nacionales se incrementó en un 60% (12 Parques Nacionales se sumaron a los 20 ya existentes) y la superficie protegida en un 27% (742.128 hectáreas más se suman a las 2.713.916 hectáreas) siendo la década de mayor crecimiento del sistema nacional de áreas protegidas durante todo el siglo veinte. Además, fueron declarados como Monumentos Naturales el Huemul y la Taruca, que junto con la Ballena Franca Austral son las especies que tienen el mayor grado de protección a nivel nacional.

     Durante la misma década, la profunda reforma del Estado que se llevó a cabo ha traído aparejadas diversas situaciones que hacen al manejo de las áreas protegidas. Una de ellas consiste en la reafirmación de que el Estado no debe delegar en el sector privado su responsabilidad primaria sobre las áreas protegidas. Paralelamente, el apoyo político a la creación, manejo y financiamiento de áreas protegidas a nivel del Gobierno federal fue creciente durante los últimos años, lo cual se evidencia tanto en el alto ritmo de creación de nuevos Parques Nacionales por parte del Congreso Nacional como en el aumento del presupuesto destinado a su administración, el cual, se ha ido incrementando sustancialmente en términos constantes a medida que nuevas áreas se fueron incorporando al sistema bajo jurisdicción federal.

     En la actualidad nuestro país cuenta con 302 áreas protegidas, cubriendo una superficie de más de 15 millones de hectáreas (el 5,5% del territorio continental), sin contar el sector reivindicado por nuestro país en la Antártida, declarada Reserva Mundial por el Tratado Antártico, del cual somos signatarios. Cabe mencionar que los Estados Unidos cuentan con 378 áreas protegidas, y el presupuesto del Servicio de Parques Nacionales casi se duplicó en los últimos diez años, de 1130 millones de dólares en 1990 a 1900 millones para el año fiscal 1999.

     Por otro lado, numerosas instituciones del país, tanto públicas como privadas, han aumentado su participación en redes y procesos globales tendientes a la conservación de la diversidad biológica. El Estado Nacional, varios estados provinciales, organismos públicos y centros académicos participan activamente en la Unión Mundial para la Naturaleza. El país ha sido anfitrión de la XIX Asamblea General de esa Unión en 1994, y más recientemente, ha sido sede de la 3ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica.

     Asimismo, nuestro país es miembro signatario de numerosos Tratados internacionales que imponen obligaciones respecto del trato a la naturaleza y su mejor conservación, como objetivo central de la comunidad internacional.

     Del mismo modo, la Constitución Nacional modificada en el año 1994 asigna en su artículo 41 categoría constitucional al derecho a un ambiente sano y equilibrado, disponiendo la obligación de una utilización racional de los recursos naturales y de preservar el patrimonio natural.

     Merece también destacarse el esfuerzo realizado por varias provincias para ampliar su sistema de áreas protegidas y actuar además en la promoción del concepto de desarrollo sustentable a nivel regional, induciendo a los actores sociales a considerar esa perspectiva por lo menos dentro y alrededor de las áreas protegidas.

     Luego de tantos años de historia y desarrollo, se puede decir que el sistema actual de Parques Nacionales ha garantizado, durante casi un siglo de existencia, la conservación de los recursos genéticos, naturales y culturales del país. No obstante ello, la conformación de una estrategia nacional de áreas naturales protegidas se constituirá, a no dudarlo, en una herramienta para lograr, en un marco de concertación social y desarrollo sustentable, una mayor preservación de nuestro patrimonio natural. @



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